Para Zapatero, afrontar la crisis es gastar y gastar, por ejemplo, en planes absurdos para que los ayuntamientos construyan piscinas y polideportivos, e insistir una y otra vez en que no va a dejar a las familias en la cuneta.
El Gobierno español debería preguntarse por qué nuestro país ha pasado de ser el que más empleo creaba dentro de la Unión Europea, y con una tasa de paro por debajo de la media comunitaria, a ser el que más puestos de trabajo está destruyendo en la actual crisis económica para convertirse, con diferencia, en el que tiene el porcentaje más elevado de desempleados. De los puestos de cabeza, hemos pasado en cuestión de pocos meses a farolillo rojo del pelotón europeo y eso requiere tanto una explicación como una política económica acorde con las circunstancias que, hoy por hoy, brilla por su ausencia.
Para explicar esta desastrosa situación, el Ejecutivo puede alegar que España, además de sufrir la crisis internacional, tiene la suya propia –lo que ya sería empezar a reconocer todo lo que nos pasa– derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria y que, debido a esta razón, el paro crece por estos pagos mucho más que al norte de los Pirineos. En cierto modo tendría razón, puesto que se puede decir que la burbuja inmobiliaria es parte de la crisis made in Spain. Pero otros países, como el Reino Unido, o, ya fuera de la UE, Estados Unidos, también han experimentando la explosión de dicha burbuja y, sin embargo, la tasa de paro en esas naciones es sensiblemente inferior a la española. En Estados Unidos se sitúa en el 7,4% y en el Reino Unido en el 6%; en España, ya supera el 14%. Esta comparación es, además de vergonzante para nuestro país, muy relevante precisamente porque mientras las dos grandes economías anglosajonas son las que más han sufrido las consecuencias de la crisis financiera internacional –generada, por cierto, en Norteamérica–, España es el país avanzado que cuenta con el sistema financiero más saneado de todos y que mejor está soportando el temporal. Desde esta perspectiva, por tanto, no se entiende en absoluto qué está ocurriendo en nuestro país en materia de empleo.
Para comprenderlo, hay que volver la vista necesariamente al mercado de trabajo. España, y lo han dicho muchas veces la Comisión Europea, la OCDE y el FMI, tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos de todos los países industrializados, frente a los muy flexibles de Estados Unidos y Reino Unido. He aquí la razón de ese desigual comportamiento del paro en un sitio u otro. Y en todo esto tiene mucho que ver el coste del despido, el más alto del mundo industrializado, aunque no sólo eso. Por ello, no le falta razón a la CEOE cuando pide su abaratamiento porque dicho coste, como bien argumenta José Luis Feito, lleva tanto a acelerar los despidos antes de que se encarezcan más con el paso del tiempo como a condenar a las empresas a la quiebra porque los gastos para reducir su plantilla se comen los pocos recursos con los que podría contar para invertir, salvar algunos puestos de trabajo y generar más en el futuro. Por paradójico que pueda parecer, así son las cosas, pero aún hay algo más que Feito no cita: la falta de voluntad de las empresas para contratar nuevos trabajadores en estos momentos teniendo en cuenta que, si cae la demanda a la que se enfrentan, tendrán que despedirlos con costes muy elevados. Esto explica en buena medida los altos índices de temporalidad en España y el ritmo al que está creciendo el desempleo. Por ello, a los empresarios no les falta razón cuando insisten en que se abarate el despido para afrontar la crisis; por ello, también, Zapatero se equivoca de plano al negarse a hacerlo.
Lo peor de todo no es que el Gobierno no quiera saber nada de reducir el coste del despido; o al menos no lo quiere saber salvo que dicha medida salga de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, ese acuerdo que Zapatero quiere que se produzca para no asumir el coste político de las duras medidas que hay que tomar en estos momentos pero que, sin embargo, no promueve. Por mucho que prometió en la campaña convocar la mesa del diálogo social nada más pasar las elecciones, aquí ni hay diálogo ni nada que se le parezca, mientras el Ejecutivo renuncia un día sí y otro también a lo que es su obligación, esto es, gobernar, resolver los problemas del país, por mucho coste político que ello pueda implicar. Lo peor de todo es que Zapatero y los suyos ni siquiera ponen encima de la mesa medida alguna para combatir el problema del paro, más allá de seguir tirando del presupuesto para crear puestos de trabajo temporales que desaparecerán de aquí a unos meses mientras dejan al Estado endeudado hasta las cejas, lo cual ya se está pagando, y se seguirá haciendo, en forma de mayores tipos de interés y menos inversión empresarial generadora de empleo y bienestar.
Si el Ejecutivo no quiere reducir el coste del despido, puede tomar otras medidas también necesarias para crear empleo. Por ejemplo, puede recuperar aquel contrato de promoción del empleo que el PP puso en marcha, de forma temporal, en 1997, que incluía una indemnización por despido de 30 días por año trabajado –frente a los 45 actuales– para los nuevos contratos, así como desgravaciones a la Seguridad Social. También puede promover la movilidad laboral, tanto en términos sectoriales como geográficos. O puede obligar a los parados a aceptar ofertas de empleo, por mucho que no les gusten. Y, por supuesto, puede bajar los impuestos y las cotizaciones sociales a las empresas. Pero la incapacidad del Gobierno a la hora de afrontar la crisis es tal que ni siquiera estas medidas, cuya eficacia está más que probada, entran dentro de su agenda.
Para Zapatero, afrontar la crisis es gastar y gastar, por ejemplo, en planes absurdos para que los ayuntamientos construyan piscinas y polideportivos, e insistir una y otra vez en que no va a dejar a las familias en la cuneta. Quien se va a quedar allí va a ser la economía española porque con tanta promesa de gasto nos está endeudando innecesariamente hasta las cejas y no está haciendo nada para que aumenten los ingresos del Estado, algo que solo puede ocurrir si las empresas ganan dinero y las personas tienen un empleo. Y eso sólo se logra con un cambio profundo tanto de estrategia fiscal como del mercado de trabajo, en línea con las propuestas de los empresarios.
