La Comunidad de Madrid y el Gobierno central andan de nuevo a la gresca, esta vez a causa de la liquidación de los impuestos cedidos al Ejecutivo regional. En una primera estimación del Ministerio de Economía, Madrid debería percibir 841 millones de euros; ahora, sin embargo, el Departamento de Pedro Solbes dice que la liquidación será 250 millones de euros inferior a lo previsto inicialmente, algo que resulta bastante sospechoso.
Da la casualidad de que la cantidad en la que se supone se va a reducir la cuantía de dinero que percibirá la Comunidad de Madrid en concepto de impuestos transferidos coincide con el coste de las rebajas de impuestos anunciadas por Esperanza Aguirre. Y eso es algo que a los socialistas no parece gustarles puesto que la presidenta de Madrid, con su política, recuerda una y otra vez que el Partido Popular lo hizo bastante bien en economía en sus años de Gobierno, algo que les dio muchos votos, mientras que el PSOE no sólo no está haciendo nada en esta materia, sino que algunas de las autonomías en las que gobierna, como Andalucía, quieren incrementar la tributación. El contraste entre un partido y otro es evidente, cosa que a los socialistas no les gusta nada porque los deja en evidencia, sobre todo porque se trata de Madrid, la autonomía hacia la que mira toda España.
Por ello, los planes del PSOE para tratar de repetir victoria en las próximas elecciones generales y consolidarse en el poder se centra en desbancar a Esperanza Aguirre, que es lo mismo que decir al PP, de la presidencia de la Comunidad de Madrid, para lo cual han trazado una estrategia de acoso y marginación hacia Madrid que ya tiene dos buenos ejemplos: el parón de la inversión pública en infraestructuras en la Comunidad y considerar que Mintra, la empresa autonómica de infraestructuras, es una compañía pública, una calificación que limita sus posibilidades para, por ejemplo, seguir desarrollando la red de metro por toda la Comunidad. Desde esta perspectiva, por tanto, no es descabellado pensar que lo que se oculta detrás de la reducción de los impuestos cedidos a Madrid es otro eslabón más de esta cadena.
El Ministerio de Economía, por supuesto, alega que la rebaja obedece a razones técnicas, como no podía ser menos ya que reconocer públicamente que se trata de otra cosa supondría desencadenar una crisis institucional de consecuencias imprevisibles y muy costosas para los socialistas. Sin embargo, la argumentación empleada por el equipo de Solbes, en principio, no resulta muy consistente. Los técnicos de Hacienda encargados de realizar los cálculos de la liquidación provisional de los impuestos cedidos son bastante competentes y aunque el resultado final pueda diferir ligeramente de los cálculos iniciales, una diferencia de casi el 30% sobrepasa a todas luces, y con creces, los márgenes técnicos de error habituales, lo que invita a pensar que se trata de otra cosa.
Esa sensación se refuerza cuando se analiza más en concreto la razón alegada por Hacienda. Según el Ministerio, la rebaja obedece a los efectos de las rebajas del IRPF aprobadas por los Gobiernos del PP que, según los socialistas, han beneficiado más a las rentas más altas y Madrid es una autonomía con una renta personal superior a la media nacional. Y nuevamente surge la sospecha porque, de ser las cosas así, esto se sabría desde hace tiempo, por los modelos teóricos y por la propia realidad, y también, y especialmente, porque los recortes del IRPF llevados a cabo por el PP se han centrado en las rentas bajas, no en las altas en las que el impacto ha sido mucho menos relevante. Por tanto, ¿cómo es posible que el Ministerio de Hacienda diga lo que dice?
