John le Carre se lamentaba en su última novela, Un traidor de los nuestros, de que el Gobierno británico hubiera optado por acudir a las mafias internacionales para financiar su déficit presupuestario y la salvación de su sector financiero después del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en 2007; por ofrecer a los gánsteres de todo el mundo el refugio de su deuda pública y de la opacidad casi absoluta de los mercados financieros británicos, algo que el brillante escritor consideraba bastante inmoral. El Gobierno español parece que va a hacer lo mismo para tratar de resolver la crisis inmobiliaria y la de nuestro sistema financiero.
Según se ha avanzado, el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de conceder el permiso de residencia a todo aquel ciudadano de países como China o Rusia que adquiera una vivienda en nuestro territorio por importe superior a los 160.000 euros. Por supuesto, los ciudadanos de la Unión Europea quedan fuera de esto, porque, como miembros que son de la UE, no necesitan permiso de residencia para vivir en nuestro país. Y los estadounidenses y japoneses no tienen ningún problema en conseguirlo. Por ello, el Gabinete quiere dirigirse a los rusos, que se han aficionado últimamente a venir a nuestro país de vacaciones, y a los chinos, que ya se permiten también pasar periodos de asueto por el mundo.
En un principio no habría que objetar nada a esta medida, si para lo que sirviera fuera para atraer a emprendedores de éxito que se pudieran instalar aquí todo o parte del año, que gastaran aquí sus dineros e, incluso, por qué no, invertir y crear empresas. El problema es que en Rusia el sueldo medio mensual no llega a los 800 euros y en China ni siquiera a los 400. ¿Quién, entonces, puede permitirse comprar en España una vivienda por 160.000 euros o más? Pues quien tiene dinero. ¿Y quién lo tiene? Pues algunos empresarios de éxito pero sobre todo quienes han hecho su fortuna gracias a su vinculación con la antigua KGB, con el poder político en ambos países, con el soborno –en el caso de jueces y funcionarios–, con actividades criminales y delictivas de todo tipo, robando a las empresas multinacionales para las que trabajaban, etc. Vamos, lo mejor de cada casa, gente a la que todo el mundo desea tener como vecino. Son esas las personas que disponen de dinero suficiente en Rusia y China para comprar una casa en España, porque casi nadie más se lo puede permitir. Son esas las personas que, con toda probabilidad, serían las que vendrían a España para resolver nuestros problemas de vivienda y nuestros problemas con las cajas de ahorros.
Vamos, que nos vamos a convertir en el balneario de los criminales de medio mundo. Porque, a todo esto, el Gobierno ha hablado de intercambios de información con los Ministerios de Hacienda de China y Rusia, pero no con sus Ministerios de Interior ni con sus servicios secretos, o de nuestros aliados, para saber a quién vamos a dejar entrar en nuestro país. Cualquier persona que solicita un permiso de residencia en Estados Unidos es investigada por la CIA. ¿Va a hacer lo mismo el Gobierno español con los chinos y los rusos que quieran comprar una casa en España o, como John le Carre, vamos a tener que lamentar la política de ajuste de nuestro país?