En cualquier país democrático, un Gobierno está para gobernar, esto es, para adoptar todas aquellas decisiones que redunden en bien del país y de sus ciudadanos, incluyendo su nivel de vida y bienestar. En España, al menos en lo que a la economía se refiere, el Ejecutivo no es que no esté desempeñando eficazmente ese papel que, en buena lógica, cabe esperar de él; es que no lo ejerce. Ante los datos cada vez más pesimistas acerca de la realidad de la crisis, tanto los de empleo, paro y afiliación a la Seguridad Social como los de quiebras y suspensiones de pagos, ventas al por menor, etcétera, etcétera, etcétera, todos los cuales apuntan a una caída libre del crecimiento, el Ejecutivo mira para otro lado, en vez de tomar cartas en el asunto, como le corresponde. Más que gobernar la economía, lo que reina en nuestro país es el desgobierno de la misma, resultado de la incapacidad del Gabinete para hacer lo que tiene que hacer.
Esta incapacidad no es fruto de una debilidad parlamentaria del partido que respalda al Gobierno. Todo lo contrario. Los socialistas están cerca de la mayoría absoluta y no sería difícil para ellos encontrar respaldos en otros partidos políticos para resolver los problemas económicos, teniendo en cuenta que a todos nos va mucho en ello. Esa incapacidad deriva de la propia actitud del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, hacia todo lo que tiene que ver con la economía, que le importa bien poco. Para él lo importante es resolver el tema del terrorismo y el de la estructuración del Estado, por supuesto a su manera, y avanzar en lo que él entiende por políticas sociales cuando la mejor política social es que haya empleo para todos los ciudadanos y éstos puedan contar con un nivel de renta suficiente, no deteriorado por la inflación, que les permita vivir bien. Pero de eso no se habla.
Esta es la primera característica del problema económico actual. Zapatero ha impuesto el mensaje oficial de que aquí no hay crisis, sino sólo una desaceleración económica fruto de las circunstancias internacionales, no de las propias de nuestro país. Y ese es el primer error porque mientras no se admita la realidad de la crisis no se hará nada para resolverla. De hecho, Solbes hace más de un año que sabe la que se nos está viniendo encima y ni ha tomado medidas ni, probablemente, Zapatero le ha dejado hacerlo. Por lo visto, basta con devolver 400 euros a los contribuyentes, establecer otras medidas de gasto social y acelerar la inversión en infraestructuras, cuando todo esto es claramente insuficiente.
La segunda característica del problema es la propia actitud de los ministros. Por un lado nos encontramos con la pelea permanente entre Pedro Solbes y el nuevo titular de Industria, Miguel Sebastián, hombre influyente en Zapatero que una y otra vez lleva la contraria al vicepresidente económico. Un vicepresidente cuyo papel parece limitado, por deseo de Zapatero, a una suerte de operación de marketing cuando luego no hay nada que vender. Por otro lado están las propias declaraciones de los miembros del Gobierno. Así, Solbes, por ejemplo, hace unos meses se mostraba radicalmente en contra de la ampliación del periodo de pago de las hipotecas, pero ahora que Zapatero impone esa política, en lugar de discrepar, e incluso de marcharse, la aplaude. Donde dijo digo ahora dice Diego y se queda tan tranquilo. Esta no es forma de gobernar la economía.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también tiene su cuota de responsabilidad. En medio de una inflación que el Gobierno es incapaz de controlar, no se le ha ocurrido nada mejor que declarar, en vísperas del inicio del diálogo social con la patronal y los sindicatos de cara a la negociación colectiva del año próximo, que aquí nadie va a perder poder adquisitivo. Es decir, que va a promover que los salarios se adapten a la evolución de los precios de consumo, alimentando aún más la inflación y provocando más problemas en términos de destrucción de empleo, como si ya no hubiera bastantes con los derivados de la propia crisis y de la política de incremento del salario mínimo interprofesional promovida por Zapatero. Y el presidente consiente todo esto, tanto las peleas internas, como la falta de acción, como este tipo de políticas salariales, todo en nombre del mal llamado bienestar social.
No es extraño, por tanto, que España siga perdiendo posiciones en el índice internacional de libertad económica. Aquí hay que tomar medidas, puede que duras, y llevar a cabo reformas estructurales, pero el Gobierno es incapaz de hacer nada, en parte a causa de Zapatero, en parte a causa de los propios ministros. Y, mientras tanto, aquí la casa sin barrer cuando tanto lo necesita. En estos momentos, más que hablar de gobierno de la economía en España, corresponde hablar de desgobierno.
