En esta vida hay menos casualidades de las que parecen y en política, desde luego, no existen. La moción de censura contra la alcaldesa de Villarejo de Salvanes (Madrid), que implica la paralización del proyecto logístico Puerta del Mediterráneo, fundamental para la distribución de las mercancías que entran por el puerto de Valencia, tiene mucho que ver con la política que ha venido siguiendo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para ahogar a la Comunidad de Madrid, en parte porque es emblemática al estar gobernada por el PP, en parte para favorecer los intereses de sus socios catalanes. ¿En qué sentido?
Cataluña lleva varios años inmersa en una suerte de declive económico como consecuencia de políticas como la inmersión lingüística o el nuevo estatuto catalán. Estas formas de hacer las cosas tienen un coste: las inversiones acuden cada vez menos a aquella región y las empresas instaladas en ella se van marchando poco a poco, en un goteo incesante de salida de sociedades anónimas hacia otros Estados miembros de la Unión Europea o, fundamentalmente, hacia otras autonomías españolas. Además, la propia política intervencionista de la Generalitat catalana se ha convertido en otro factor de expulsión de empresas, que buscan ambientes mucho más favorables a la inversión. En este sentido, la Comunidad de Madrid, gracias a las políticas liberalizadoras de Esperanza Aguirre, se ha convertido en centro de atracción de empresas.
En este contexto, la economía catalana recibió un fuerte golpe cuando se modernizó el puerto de Valencia y se construyó en Coslada el denominado puerto seco. Desde entonces, la mayor parte del tráfico de cabotaje que recibía la Ciudad Condal para la distribución de las mercancías por todo el territorio nacional se trasladó a Valencia. Su proximidad con Madrid es mucho menor, lo que unido a que Madrid está en el centro de España y Barcelona en la periferia disminuye sensiblemente los costes de distribución de las mercancías. El proyecto Puerta del Mediterráneo está llamado a profundizar en ese carácter de Madrid como gran centro logístico no solo de la península Ibérica sino también del sur de Europa, lo que va en detrimento de las aspiraciones de Barcelona de recuperar el terreno perdido frente a Valencia.
Desde esta perspectiva, lo que ha sucedido en Villarejo de Salvanes tiene una lógica plena. El Gobierno ha paralizado el plan de infraestructuras diseñado por el PP y lo ha modificado porque aquel tenía un carácter radial, con centro en Madrid, que fortalecía el papel económico de la capital de España por su posición geográfica en el territorio nacional. Y lo ha hecho tanto para castigar a una autonomía por el solo hecho de estar gobernada por el PP como para favorecer a una Barcelona que sigue sin entender que ser periferia tiene un coste. Así, la estructura radial del plan de infraestructuras se cambió por otra con carácter de malla que carece de sentido económico. La paralización del proyecto Puerta del Mediterráneo no es sino otro paso en esta serie de desatinos económicos y políticos que solo tienen en cuenta los intereses del Gobierno y de Cataluña en detrimento de los de Madrid y el resto de España.