La ciencia económica y la medicina comparten una cosa: ambas ramas del saber tratan enfermos, una seres humanos y la otra sistemas de producción. Pero se diferencian en que mientras los fármacos deparan sus efectos beneficiosos desde el primer momento y, salvo en casos graves o particulares, restablecen la salud del paciente en poco tiempo, los remedios económicos tardan bastante más en generar las consecuencias que se espera de ellos. Pero la ventaja que tienen los expertos económicos es que, a diferencia de las enfermedades, los problemas con el aparato productivo se ven venir de lejos, con lo que los Gobiernos avispados o inteligentes pueden adoptar con tiempo de sobra medidas para evitar los problemas que se avecinan.
En el horizonte de la economía española hace tiempo que se vislumbran negros nubarrones en forma de una inflación muy superior a la media de la Unión Europea, que resta competitividad a los productos españoles e influye sustancialmente en que el déficit exterior de nuestro país, que resta crecimiento económico y empleo, sea el segundo más elevado de la OCDE después del de Estados Unidos. Y a ello se unen los síntomas de agotamiento que muestra la creación de puestos de trabajo en ausencia de una nueva reforma laboral que impulse definitivamente a España hacia el pleno empleo. Eso lo venimos advirtiendo en Libertad Digital desde hace tiempo, lo mismo que hacen muchos expertos pero hasta ahora el Gobierno ha prestado oídos sordos a quienes le aconsejan que empiece a tomar medidas. Por desgracia, lo que caracteriza a la política económica española desde que los socialistas recuperaron el poder es un importante vacío de ideas y contenidos para que el futuro económico de la nación sea más claro.
Desde esta perspectiva, cobra especial importancia la advertencia que acaba de realizar el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, al advertir de que el modelo de crecimiento económico español muestra claros “síntomas de agotamiento”. Es importante porque quien lo dice no es alguien metido de lleno en el debate político de nuestro país, sino una persona que pertenece a una instancia neutral, la Comisión Europea, y es importante también porque dicha persona es militante de ese PSOE que hoy tiene en sus manos el Gobierno de la nación. Ya no se trata, por tanto, del intercambio habitual de críticas y acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición, sino de una advertencia seria y en toda regla que no se debería pasar por alto. Por desgracia, al Gabinete parece no importarle demasiado.
Prueba de ello es que las palabras de Almunia han coincidido con las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hablando de la creación de un impuesto medioambiental para compensar la pérdida de recaudación de las bajadas del IRPF y el Impuesto de Sociedades que el Gobierno de Zapatero dice que va a llevar a cabo –habrá que verlo-. Esta estrategia es del todo punto equivocada porque, desde el punto de vista presupuestario, los recortes de impuestos deben venir acompañados de reestructuraciones del gasto para que no afecten de manera negativa al déficit público. Por ello, las rebajas fiscales que llevó a cabo el PP vinieron precedidas de sendas reducciones en los tipos de interés y en la deuda pública en circulación, con el fin de reducir la partida presupuestaria destinada al pago de intereses y, de esta forma, abrir espacio a los recortes fiscales.
Con los socialistas, sin embargo, no hay nada de esto sino medidas compensatorias para no perder recaudación. Es como si se hubieran empeñado en hacer reformas tributarias porque los populares también las llevaron a cabo, con éxito, y ellos, por supuesto, no van a ser menos, aunque sin responder a una estrategia clara de política económica y con objetivos bien definidos. Hoy no sabemos cuáles son dichos objetivos, ni qué persigue el PSOE más allá de las operaciones de imagen. Y esto se produce junto con la advertencia de Almunia, bajo la cual subyace el aviso de la conveniencia, por no decir necesidad, de empezar a tomar medidas para evitar en el futuro serios problemas. El mensaje es muy claro; la cuestión es si en Moncloa lo han percibido y hay una verdadera intención de cambiar las cosas.
