El New Deal, o Nuevo Contrato, o Nuevo Reparto de Cartas como se tradujo en su momento en España, fue la política económica que puso en marcha el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en 1933, con el fin de sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión y resolver los graves problemas de desempleo que padecía el país. Fue una política marcada por la intervención del Estado en la economía, a golpe de presupuesto y regulación, que introdujo fuertes dosis de rigidez en la estructura productiva norteamericana sin lograr los fines que perseguía.
Estados Unidos sólo empezó a recuperarse con fuerza a raíz de los esfuerzos para afrontar la Segunda Guerra Mundial, pero las consecuencias negativas del New Deal, corregidas en gran medida por las políticas de liberalización y desregulación desplegadas por Ronald Reagan en la década de los ochenta, llegan hasta el día de hoy. La crisis crediticia internacional que asola las economías desarrolladas estos días tiene su origen en una institución creada al amparo del New Deal, Fanni Mae, la entidad pública a la que los bancos estadounidenses acudían para titulizar sus hipotecas y poder seguir prestando dinero, cuya política ha sido uno de los factores responsables del actual crack inmobiliario en Estados Unidos. Pues bien, a tenor de lo visto en el último debate entre Zapatero y Rajoy, las propuestas económicas de Zapatero parecen inspiradas ese Nuevo Contrato.
Hoy por hoy, la economía española se halla inmersa en una fase de fuerte desaceleración que se ha agravado desde principios de año, según el Banco de España. ¿Cuál es la respuesta de Zapatero ante este hecho? En primer lugar, tirar de chequera para impulsar la obra pública y la construcción de viviendas de protección oficial para sostener, de esta forma, la actividad del sector constructor. Sin embargo, aunque los problemas de la economía española empiezan por la crisis de la construcción, la naturaleza de los mismos va hoy más allá, como demuestran las cifras de paro de febrero, que reflejan que el sector en el que más aumentó el desempleo fue el de los servicios, no el de la construcción. Esta política, además, puede traer aparejados una serie de problemas. La propuesta se financia con cargo a los presupuestos, pero las promesas electorales de Zapatero, si gana las elecciones, ya los han sobrecargado de gastos de naturaleza populista. Este nuevo impulso al gasto público en una situación de aumento del paro y desaceleración económica dará lugar a un déficit presupuestario con la consiguiente subida de los tipos de interés en unos momentos de escasez de capital en los mercados internacionales como consecuencia de la crisis crediticia. Eso creará problemas de crecimiento económico y empleo, lo mismo que la política de promoción de viviendas de protección oficial.
Esta política de vivienda, en primer lugar, tiene que ser negociada con las autonomías, que son las que tienen las competencias en esta materia y sin su consentimiento, el Estado no podrá hacer mucho. Pero es que, además, para resolver el problema de la vivienda, esta no es la medida más adecuada. Lo que había que hacer es liberalizar el suelo y reformar la financiación local para que los ayuntamientos no tengan que financiarse especulando con él. Pero a Zapatero, tal y como dejó claro en el debate, la palabra "liberalización" le produce alergia. De hecho, acusó a Rajoy de que la política de liberalización del suelo del PP no solo no resolvió el problema de la vivienda, sino que lo agravó. Sin embargo, el PP no pudo hacer tal cosa porque a las dos semanas de haber aprobado su ley del suelo, en 1997, el Tribunal Constitucional publicó su sentencia sobre la ley del suelo de 1989, aprobada por Felipe González y recurrida por Cataluña, que sí iniciaba una tímida liberalización. El Constitucional anuló la mayor parte de dicha ley, al considerar que las competencias en materia de urbanismo le corresponden a las autonomías, no al Estado, y al hacerlo, anuló también la ley aprobada por el PP, imposibilitándole a liberalizar el suelo. Ahora se podría hacer mediante un pacto de Estado que englobe a todos los niveles de la Administración y resuelva el problema de la financiación de los ayuntamientos. Pero Zapatero prefiere seguir con la intervención pública y el presupuesto.
Con los precios ocurre tres cuartos de lo mismo. Ante la fuerte subida de los alimentos, Zapatero propone otra medida de corte New Deal: un acuerdo con las empresas del sector para que autolimiten sus márgenes de beneficio. Eso recuerda a la política de compromisos empresariales de Roosevelt, conocida como la Blue Eagle (águila azul), pero para resolver el problema de la inflación de los alimentos lo que hay que hacer no es presionar a las empresas sino liberalizar toda la cadena de distribución, así como movilizar las tierras y capacidades productivas retiradas como consecuencia de la política agrícola común para aumentar la oferta y hacer caer los precios. Pero el Gobierno de Zapatero no solo no ha acudido a esta última posibilidad sino que ha deteriorado aún más las posibilidades de competencia en el sector de la distribución con la ley de horarios comerciales de Montilla.
Zapatero también habló de acuerdos entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos para superar la actual situación de crisis, al más puro estilo Roosevelt. Sin embargo, no especificó la naturaleza de tales acuerdos. En el New Deal se pidió a las empresas que aumentaran los salarios y redujeran sus márgenes de beneficios. ¿Es lo que tiene en mente Zapatero? Porque incrementar ahora los salarios puede dar lugar a una espiral salarios-precios que agrave los problemas de inflación, dañe a las empresas y a la Bolsa y, por tanto, a los ocho millones de españoles que tienen sus ahorros en el mercado de valores.
Zapatero, por tanto, pretende afrontar la crisis con viejas recetas que no funcionan a medio y largo plazo, sin comprender la verdadera naturaleza de los problemas. Quiere huir de todo lo que represente mercado cuando lo que se necesita, precisamente, es más mercado y menos Estado, más competencia y menos regulación, menos impuestos y no más gasto público. En definitiva, lo que necesita la economía española no es un New Deal en versión Zapatero, sino una suerte de Reaganomics, la política económica que se ha demostrado verdaderamente eficaz y hoy constituye el paradigma para resolver los problemas de crecimiento y desarrollo.
