Por desgracia, el debate sobre el futuro de las pensiones va a tener que hacerse presente no ya en los próximos años, sino en los próximos meses, dado el rápido deterioro que empiezan a experimentar las cuentas de la Seguridad Social, que puede entrar en déficit este mismo año. En esta ocasión, el Partido Popular no debería pecar de ingenuo y seguir considerando que el marco adecuado para tratar este grave problema económico y social es el Pacto de Toledo, porque al Pacto de Toledo, si le quedaba algo de vida, acaba de matarlo y enterrarlo Zapatero después de pretender utilizar el tema de las pensiones como arma arrojadiza contra el PP.
El Pacto se firmó en 1995 para sacar el asunto de la Seguridad Social del debate electoral. Por entonces, el PP ya se veía ganador de las siguientes elecciones generales, las de 1996, y estaba tan acobardado por que nadie le fuera a acusar de antisocial –y de esta forma arrebatarle un triunfo en las urnas– que firmó un documento que era una copia calcada casi al cien por cien de la ponencia de Seguridad Social de los socialistas. Renunciaba con ello a cualquier intento de reforma que implicase la pérdida de peso del sistema público para abrir las puertas al privado, que es lo que habría que haber hecho entonces. Los populares, sin embargo, querían tranquilidad y en parte la consiguieron. Felipe González no se cortó un pelo a la hora de utilizar este tema en la campaña del 96, pero luego al PP le vino muy bien para proceder a los ajustes que llevó a cabo en el sistema para sacarle de los números rojos y devolverle a un superávit temporal que debería haber durado diez años más de lo que va a durar. Pero de reformas de calado, de las que de verdad necesita el sistema, nada de nada.
Ahora que Zapatero se ha vuelto a saltar a la torera ese acuerdo y pretende utilizar el tema de las pensiones para tratar de meter miedo a parte del electorado, sería un buen momento para dar el Pacto por finiquitado, no sólo porque las pensiones vuelvan a utilizarse en una campaña electoral, sino sobre todo porque al impedir las reformas que de verdad necesita el sistema, se ha convertido en parte del problema, no en la solución. Gracias a él no se han promovido los sistemas privados ni se ha estimulado a los ciudadanos a cotizar en los mismos (más allá de haber respetado la deducción por aportaciones a planes de pensiones en el IRPF) y ahora nos encontramos con la que se nos viene encima. ¿Y qué se nos viene encima? Pues muy sencillo, la quiebra del sistema en los próximos años, que tratará de evitarse o retrasarse alargando la edad de jubilación y ampliando el periodo de vida laboral de cómputo de las pensiones. Dicho claramente, para mantener el sistema a cualquier precio, como quieren los socialistas y quisieron los populares, los españoles vamos a tener que jubilarnos más tarde y la pensión que recibiremos en el futuro va a ser menor que aquella que disfrutan ahora nuestros mayores. Y eso si mientras tanto, encima, no suben las cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual reducirá el consumo y el ahorro de las familias, si es la contribución del trabajador la que se incrementa, o afectará negativamente a la creación de empleo, si la que aumenta es la cotización empresarial.
Hoy por hoy es imposible prever qué partido ocupará el Gobierno cuando haya que tomar semejante decisión, pero habrá que hacerlo porque cada vez hay menos activos por cada jubilado al que pagarle la pensión y porque Zapatero está organizando tal destrozo en la economía y en los presupuestos del Estado, con su gobierno a golpe de ocurrencias y de populismo, que el pago de los intereses del fuerte endeudamiento en que el presidente del Gobierno está metiendo a España va a impedir que esos recursos puedan utilizarse para financiar el sistema de pensiones. Y todo por un presidente que se comporta como el nuestro, un pacto que impidió llevar a cabo las reformas de calado que de verdad necesita el sistema y un Partido Popular que no sólo no se atrevió entonces a marcar las necesarias distancias con los socialistas, sino que introdujo elementos, como la revalorización automática de las pensiones por ley según el IPC previsto –cuando la inflación es menor de la prevista o, como este año, hay deflación, a los pensionistas no se les descuenta nada–, que impulsan el gasto de la Seguridad Social al alza. Dejémonos, pues, de Pacto de Toledo y empecemos a llamar a las cosas por su nombre y a hablar de lo que pasa y de lo que va a pasar con las pensiones y por culpa de quién y de qué.