Los Gobiernos modernos se han arrojado a sí mismos competencias que van mucho más allá de las básicas y tradicionales de los Estados –defensa, seguridad ciudadana, justicia y representación exterior– en nombre de la seguridad de los consumidores y del bienestar social, dando lugar a todo un amplio abanico de regulaciones e intervenciones. España no es una excepción a este principio. Pero, a pesar de tanto ejercicio regulatorio y tanto intervencionismo, hoy los ciudadanos se sienten más inseguros que nunca.
Estas reflexiones vienen con ocasión del vergonzoso escándalo de Air Madrid, la compañía de vuelos baratos cuyos principales clientes eran inmigrantes latinoamericanos, que fue suspendida de operaciones la pasada semana por parte del Ministerio de Fomento. El Departamento que dirige Magdalena Álvarez decidió esta medida ante los constantes retrasos y cancelaciones de la aerolínea, como consecuencia de deficiencias técnicas de los aviones que ponían en riesgo la seguridad de los pasajeros. Hasta ahí todo bien. El problema es que Fomento había permitido volar a Air Madrid con aeronaves cuyos motores eran defectuosos y estaban repletos de elementos caducados, y con elementos de la cabina en tal estado de deterioro que suponían un riesgo para los pasajeros. En estas circunstancias, el Ministerio debería haber impedido a Air Madrid hace tiempo el continuar con sus operaciones. Sin embargo, no lo hizo hasta la semana pasada, en una fechas, además, cruciales para muchos inmigrantes que iban a reunirse con sus familias para pasar la Navidad en sus países de origen.
Por los datos que se van conociendo acerca de la realidad de Air Madrid, la compañía aérea tenía unas características propias de una aerolínea de república bananera, de esas que el día menos esperado se estrellan en medio de la selva por fallos técnicos derivados de la antigüedad de los aparatos, de falta de puesta al día de los mismos, etcétera. Afortunadamente, con Air Madrid no ha habido que lamentar ese tipo de desgracias, pero, aún así, no se puede pasar por alto que estaba volando en condiciones inadecuadas y de riesgo para los pasajeros, lo que son palabras mayores. Fomento, por tanto, debería haber intervenido en nombre de la seguridad, pero no lo hizo hasta la semana pasada. Y mientras tanto, cientos de personas han estado viajando semanalmente en condiciones técnicas que implicaban un riesgo claro para su seguridad personal. Con Magdalena Álvarez, los clientes de las líneas aéreas ya no están seguros.
El problema, además, es que esa inseguridad provocada por la omisión del Gobierno no solo afecta a quienes viajan en avión. Es que también se han producido casos en los que lo que no está seguro es el ahorro de las personas. Ahí está, sin ir más lejos, el escándalo del Fórum Filatélico y Afinsa, dos sociedades de inversiones alternativas con cientos de miles de ahorradores con su dinero depositado en ellas, a las que luego siguió Arte y Naturaleza. El Ejecutivo sabía desde hacía tiempo lo que estaba sucediendo en estas empresas y, sin embargo, en lugar de intervenir de forma prudente, salvaguardando en la medida de lo posible los intereses de los clientes de estas empresas, lo hizo tarde, entrando como un elefante en una cacharrería, causando serios perjuicios a quienes tenían invertido dinero allí y, además, utilizando el afloramiento del escándalo para tapar la condena a tres policías por la detención ilegal de militantes del PP por una supuesta agresión al entonces ministro de Defensa, José Bono.
Si, además, añadimos a la lista la forma en que la CNMV y la CNE han actuado en el asunto de las OPAs sobre Endesa, es que en este país ya no esta seguro el ahorro, adopte la forma que adopte, ya sea mediante la compra de acciones, ya sea mediante otro tipo de inversiones.
Hoy por hoy, la sensación general que producen todos estos acontecimientos es la de vivir en un país inseguro. Hay compañías aéreas que vuelan sin reunir las condiciones técnicas mínimas de seguridad, hay empresas de inversión que actúan de manera irregular, hay organismos supervisores donde la lógica imparcialidad brilla por su ausencia y hay un Gobierno que sabe las cosas pero no actúa en consecuencia. ¿Cuál será el próximo escándalo en saltar? ¿A quién afectará? Porque, por lo que se está viendo, cualquier día los españoles van a volver a llevarse otra sorpresa desagradable para descubrir, después, que el Ejecutivo sabía lo que pasaba desde hacía tiempo y no había hecho nada al respecto. Tanto intervencionismo y tanta regulación para dar seguridad a la sociedad y luego resulta que la primera fuente de inseguridad no son las empresas en sí, sino quien tiene que aplicar esa regulación, velar por su cumplimiento y actuar en consecuencia cuando las cosas no son como deberían.
