La crónica de la crisis económica en España parece escribirse de acuerdo con la ley de Murphy, esa de que la tostada siempre se cae al suelo por el lado de la mantequilla o, dicho de forma más elegante, que si algo es susceptible de empeorar, empeora. Uno de los principales problemas que afrontan las empresas y familias en estos meses es la escasez de crédito. Pues bien, el Banco Santander acaba de advertir que banca agotará sus reservas contra la crisis en 2010, debido a la utilización de estos recursos para hacer frente a la creciente tasa de morosidad que sufren las entidades financieras, lo que implicará todavía más restricciones crediticias. El Gobierno debería tomar nota de este aviso y actuar en consecuencia con el fin de evitar que la actual situación catastrófica vaya a más.
El Ejecutivo viene presionando desde hace tiempo a la banca para que abra el grifo de los préstamos, un grifo por el que ahora no sale demasiado, cosa que es lógica teniendo en cuenta que la crisis económica se está traduciendo en un fuerte incremento de los impagos de las empresas y las familias, que va a poner en muchas dificultades a más de una entidad financiera, sobre todo cajas de ahorros pequeñas y medianas, si no lo está ya. En este contexto, por mucho que insista el PSOE en que los bancos sean más generosos a la hora de conceder préstamos, estos no pueden hacerlo porque, de sucumbir a las presiones del Gabinete, más de uno vería seriamente dañada su situación patrimonial y podría empezar a padecer esos problemas que sufren buena parte de la banca europea y estadounidense y que aquí están limitados a algunas cajas de ahorros. Por tanto, no es cuestión de que los bancos socialicen esos beneficios impresionantes que tuvieron en 2008, como le gustaría a Zapatero, porque ese dinero es muy necesario para revitalizar esas reservas que se están agotando.
En este sentido, al Gobierno se le presenta un triple desafío. Por un lado debe evitar que a partir del año próximo, España empiece a vivir un rosario de quiebras de entidades crediticias como consecuencia de la morosidad; quiebra que, como he dicho anteriormente, afectaría sobre todo a las cajas de ahorros pequeñas y medianas. Eso sería de lo peor que le podría suceder a la economía española porque, además de alimentar la desconfianza en nuestro sistema financiero, con todo lo que ello implica, recortaría aún más si cabe un crédito ya de por sí escaso. Por ello, el Ejecutivo debe empezar a trabajar con el Banco de España en la forma de evitar esta situación, que va mucho más allá de promover fusiones entre cajas de ahorros, como la que se ha puesto en marcha para salvar a Caja Castilla La Mancha sin dar ningún tipo de explicaciones y con un oscurantismo total, a pesar de que en esa operación se van a enterrar muchos millones de euros procedentes, en última instancia, del bolsillo de los ciudadanos.
Para ello –y esto constituye el segundo reto– el Gobierno debería actuar sobre aquellos elementos que están provocando el fuerte incremento de la morosidad, con su corolario en forma de debilidad creciente de los balances de las entidades crediticias para afrontar esta situación. Buena parte de los impagos proceden de las personas que están perdiendo su empleo; buena parte también de las quiebras y suspensiones de pagos de las empresas castigadas por la crisis. Aquí es donde debe actuar el Ejecutivo porque un porcentaje elevado de esos impagos tiene como causa última la tardanza en el cobro por parte de las pequeñas y medianas empresas de las facturas pendientes. Según el Banco de España, las distintas administraciones públicas de nuestro país deben a las pymes más de 35.000 millones de euros, lo que coloca a muchas de ellas al borde del abismo. La agilización de los pagos de las administraciones sería de gran ayuda para estas compañías, muchas de las cuales evitarían entrar en mora y despedir a sus trabajadores, lo que sería de gran ayuda para la banca porque unas y otros podrían seguir atendiendo al pago de sus préstamos. El Gabinete, además, debe actuar en un segundo frente. Desde hace años, las pequeñas y medianas empresas proveedoras de otras vienen quejándose de los amplios plazos de cobro que les imponen sus compañías clientes, plazos que se han ampliado todavía más en los últimos meses y que condenan tanto a las empresas como a los trabajadores autónomos a la desaparición. Por ello, el Ejecutivo tendría que aprobar una ley reduciendo dichos plazos, porque los autónomos y las pymes no pueden ni deben jugarse su supervivencia viéndose forzados a financiar a sus clientes. Claro que, para conseguirlo, la Administración tiene que empezar por predicar con el ejemplo.
Actuaciones de este tipo son una parte importante de la solución de la crisis, pero no la panacea contra todos los males económicos relacionados con la financiación de las empresas y el crédito, ni el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Si una de las claves para superar la crisis es moderar el ritmo de crecimiento de la morosidad, otra es que el crédito fluya con mayor cadencia por todos los canales y vericuetos de la economía. Este es el tercer desafío al que se enfrenta el Ejecutivo. Para resolverlo, tiene que modificar sustancialmente sus planes de gasto con el fin de destinar parte de los escasos recursos de que dispone a hacer que el crédito circule, bien mediante garantías, bien mediante programas públicos de concesión de préstamos. Ello exige tanto no seguir tirando el dinero a manos llenas (como ha hecho hasta ahora Zapatero con sus medidas de corte populista), como no continuar dando aguinaldos injustificados y discriminatorios para con las demás a las comunidades autónomasamigas, véase Cataluña. Exige también un pacto de Estado entre todos los niveles de la Administración encaminado a que todos ellos contribuyan con sus presupuestos a revitalizar el crédito. En caso contrario, tendremos crisis para largo y con mucho dolor de por medio. El aviso que acaba de lanzar el Banco Santander va en esa dirección, en la de que las cosas que van mal todavía pueden empeorar... y mucho.