Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, encaja a la perfección en esa definición. Trujillo insiste una y otra vez en que la escalada de los precios de la vivienda se está desacelerando, en un proceso de aterrizaje suave, hasta converger con la tasa de inflación, por supuesto gracias a su brillante gestión al frente de un Ministerio que no sirve para nada. Pero la realidad, tozuda ella, dice otras cosas que nuestra flamante ministra rechaza contemplar.
Trujillo avala sus argumentos con aquello de que a las estadísticas del Ministerio se les supone la veracidad, como el valor a los soldados cuando existía el servicio militar obligatorio. Pero sin poner en duda la buena fe de los funcionarios que elaboran dichas estadísticas, éstas pueden ser incorrectas por utilizar un método para su elaboración poco adecuado. Así, en el pasado, el Colegio de Registradores tuvo que revisar al alza los datos ofrecidos por Trujillo porque eran incorrectos y ahora puede volver a ocurrir lo mismo pero en sentido contrario. Según Trujillo, en los últimos tres meses el precio de la vivienda se ha incrementado el 10,6%, lo que representa 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. Eso le permite volver a afirmar que, gracias a la política del Ministerio, el precio de la vivienda está experimentado un aterrizaje suave.
Sin embargo, un informe del BBVA alerta de un desplome de los precios. Según el estudio, en el próximo año y medio el precio de la vivienda podría caer en torno al 10%, una tendencia mucho más coherente con una realidad tozuda que la ministra se empeña en no ver. Una realidad que dice, según fuentes bancarias, que en los últimos doce meses, el precio de la vivienda en Madrid capital ha caído un 7%. Este porcentaje es mucho más acorde con esa realidad a la que se refirió Trujillo hace unos meses, esa realidad de la aparición en los balcones y ventanas de las casas de carteles de "se vende", esa realidad que habla de la ampliación de tres meses a más de un año del plazo para vender una vivienda, esa realidad que habla de la aparición otra vez de los pisos pilotos, del parón sufrido por las nuevas promociones previstas para este año, de lo que ya empiezan a contar muchos promotores en el sentido de que los precios de venta que anuncian luego se tienen que negociar a la baja para poder vender el piso. Lo malo es que las estadísticas oficiales se hacen sobre la base del precio anunciado, no del final, y así Trujillo dice lo que dice.
Si todo fuera una simple cuestión de errores estadísticos, todo quedaría en una ministra, la de Vivienda, que no sabe qué suelo está pisando. El problema es que las cosas tienen un calado mucho más profundo, el que ha puesto de manifiesto el informe del BBVA. A Trujillo, seguramente, el informe le disgusta porque deja bien claro el fracaso de su política, ya que de aterrizaje suave se estaría pasando a desplome. Lo malo es que la realidad sugiere que el banco es quién tiene la razón. Los precios de la vivienda están cayendo, y amenazan con venirse abajo, debido a que en el pasado crecieron de forma desorbitada: entre 1980 y 2005 se multiplicaron por diez, debido a que el suelo en España no está liberalizado, algo que Trujillo rechaza corregir, como pone de manifiesto la recién presentada Ley del Suelo. Además, han alcanzado niveles imposibles de financiar por los sueldos de las familias, luego la lógica indica que debe producirse una corrección, que el BBVA estima en una reducción del 10% y The Economist en una caída del 32%. Y las circunstancias económicas, desde luego, indican que este escenario es el más probable, sea cual sea el porcentaje de bajada.
El petróleo –quién lo hubiera dicho hace cinco años– puede ser el elemento catalizador de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Su cotización, que se ha multiplicado por siete en los últimos seis años, ha empezado a crear problemas con la inflación, lo que ha obligado tanto a la Reserva Federal como al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés, lo que ha encarecido todavía más la adquisición de una vivienda a través de la financiación de la hipoteca. Sin embargo, los sueldos dan de sí lo que dan de sí y si una familia tiene que pagar más dinero por la letra mensual del piso a causa de los tipos de interés, entonces adquirirá casas más baratas. Por otra parte, la percepción de los españoles acerca de la evolución de la economía a medio plazo empieza a ser pesimista y en todas las encuestas de confianza de los consumidores, éstos contestan que ahora no es el momento de efectuar compras importantes. Y una vivienda es una de ellas.
Ante esta situación, quienes adquirieron una vivienda con el fin de obtener plusvalías ya están considerando que ha llegado la hora de vender y recoger las ganancias acumuladas. Todo ello es lo que explica la aparición de los carteles de "se vende piso" y lo que está detrás de una evolución de los precios mucho peor de lo que Trujillo dice. Además, puede haber un agravante. En Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de la Unión Europea existe el temor a que la burbuja inmobiliaria explote de golpe, como lo hizo la burbuja de las tecnológicas y se hundan los precios. Si eso llegara a ocurrir, esa información llegaría a España y podría provocar la caída drástica de los precios. En consecuencia, todo apunta, en los próximos dos años, hacia un escenario bastante peliagudo en materia de vivienda, por mucho que Trujillo se empeñe en no querer verlo.
La ceguera de Trujillo está impidiendo que el Gobierno adopte las medidas precisas para que las consecuencias de la necesaria y saludable corrección de los precios de la vivienda no supongan una verdadera catástrofe socio-económica. Pero aunque no hay mal que por bien no venga, Trujillo no quiere ver esta segunda parte, que es la oportunidad de llevar a cabo la liberalización del suelo sin traumas, una liberalización en la que el Ejecutivo debe implicar a todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne en ellas. Por desgracia, no va a ser así, como prueban la Ley del Suelo aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, o la reforma de la Ley de Haciendas Locales que preparan los socialistas, que sigue sin resolver los problemas de financiación de las corporaciones locales, verdadera raíz del intervencionismo público sobre el suelo. Insisto, no hay peor ciego que el que no quiere ver y, encima, la ceguera de Trujillo se está contagiando a todo el Gobierno.