No hay peor ciego que el que no quiere ver. En cierto modo, esto es lo que le sucede al Gobierno en relación con la marcha de la economía española. El Ejecutivo de Zapatero heredó del Partido Popular una economía en un estado de salud bastante bueno. Había ajustes que llevar a cabo, por ejemplo, para reducir el diferencial de inflación con la Unión Europea y, de esta forma, detener la pérdida de competitividad, o completar el proceso de reformas estructurales iniciado en la década de los 90 pero, en conjunto, la actividad productiva española se asentaba en bases saneadas que han explicado la fortaleza del crecimiento económico y de la creación de empleo a lo largo de los últimos años. Pero esto ya está tocando a su fin, como reflejan los diversos datos que se van publicando mes a mes, así como los informes de los distintos organismos internacionales, lo que exige que se tomen medidas. El problema es si desde el Gobierno hay alguien dispuesto a ello.
Los datos de paro correspondientes a mayo dejan bien claro que las cosas empiezan a cambiar. El desempleo cayó el mes pasado, pero mucho menos que en años anteriores, y los agentes sociales, con la excepción del sindicato socialista UGT, empiezan a ver elementos de preocupación en este comportamiento. A su vez, la confianza de los consumidores en la marcha de la economía también está cayendo. Sin embargo, los ministros del área económica, como Solbes o Caldera, no solo quitan importancia a estos hechos sino que insisten en su mensaje de que aquí todo va bien. Evidentemente, no cabe esperar que digan otra cosa cuando estamos en vísperas de unas elecciones generales en las que los socialitas no tienen ni mucho menos seguro el repetir victoria en las urnas, como acaba de quedar claro en los comicios municipales y autonómicos. Pero una cosa son las estrategias de marketing político y electoral y otra muy distinta que los tiempos políticos tengan que condicionar necesariamente las actuaciones ministeriales en asuntos como el de la marcha de la economía y el empleo que requieren una visión a largo plazo y medidas del mismo alcance.
El Gobierno se ha pasado la legislatura viviendo de las rentas que dejó el Partido Popular y, con toda seguridad, ahora en lo que están pensando es en que la economía, mal que bien, va a seguir aguantando hasta que lleguen las elecciones y después ya se vera. Muy bien, unos meses de demora en la adopción de las medidas necesarias no van a causar ninguna catástrofe ni va a hacer daño a nadie. Sin embargo, ello no exime a los distintos ministerios de empezar a preparar las reformas que, ineludiblemente, habrá que llevar a cabo después de las próximas generales. Pero aquí no se está haciendo nada. Solbes ya está de salida, repitan o no victoria los socialistas, y no quiere más líos, Caldera vive instalado en la autocomplacencia y Clos se desentiende de todo lo que no sean los últimos coletazos del caso Endesa. Y, para colmo, ahora se avecina una negociación presupuestaria que se adivina cargada de concesiones a los nacionalistas para evitar al Ejecutivo el bochorno y el varapalo político de ver devueltos sus últimos presupuestos de la legislatura. ¿No sería mejor, dado el estado de las cosas, poner ya el punto final? La economía española, con el tiempo, seguro que lo agradecerá.
