Uno de los grandes problemas socioeconómicos de este país es la falta de un mercado eficiente de alquileres y de una cultura más proclive a los mismos entre los ciudadanos. Ello explica en parte tanto la carestía de la vivienda como la falta de movilidad geográfica de los trabajadores con su secuela en forma de elevadas tasas de paro. El Gobierno ha decidido atacar el problema en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2003 mediante la introducción de una desgravación en el IRPF para los arrendadores de pisos. En consecuencia, y si no cambia nada durante la tramitación parlamentaria del texto, a partir del próximo 1 de enero, los propietarios de pisos que los alquilen podrán desgravarse directamente el 40% de las rentas obtenidas por ello más un 10% adicional en concepto de gastos de difícil justificación. Esta medida, además, no sólo se aplicará al parque de viviendas que aún no ha salido al mercado de alquileres, sino también a las que ya forman parte de él.
A priori, la decisión del Ejecutivo es adecuada. En el pasado, cuando el PSOE estaba en el poder aprobó una medida similar, con la diferencia de que la desgravación se la aplicaba el inquilino, no el propietario. Su fin era potenciar el mercado de alquiler, pero el resultado final fue un aumento del importe de los arrendamientos de cuantía similar a la cantidad que se desgravaban los inquilinos, con lo que la medida no alcanzó el fin que perseguía. Ahora, en cambio, el Ejecutivo ha optado por aplicar la desgravación al propietario con el fin de reducir el importe de los alquileres y aumentar el parque de viviendas arrendadas. Ese tipo de incentivos fiscales puede conseguirlo y tendrá, al menos, tres efectos importantes sobre la economía española.
El primero de ellos es que, cuanto más grande sea el parque de viviendas en alquiler, más barato resultará el mismo puesto que una oferta mayor para la misma demanda resulta en precios menores. En consecuencia, si esta política funciona, no sólo se frenará el crecimiento de los alquileres sino que, probablemente, inducirá una bajada de los mismos.
En segundo término, una bajada de los alquileres terminará por dejarse sentir en el precio de la vivienda porque si cada vez más ciudadanos arriendan una casa en vez de comprarla, la presión de la demanda será menor y, por tanto, contribuirá a frenar la escalada del precio de la vivienda e, incluso, se podría llegar a pensar en una reducción del mismo en el plazo de unos años. Ello liberará rentas de los ciudadanos ahora destinadas a pagar una casa que se podrán dedicar al consumo de otros bienes y servicios o al ahorro, lo que estimulará el crecimiento económico y la creación de empleo.
Por último, el abaratamiento de los alquileres es una medida necesaria para que en España haya una movilidad efectiva, que permita el traslado de los trabajadores desde los lugares donde no encuentran empleo hacia las zonas en las que hace falta mano de obra. Eso es fundamental para continuar con la reducción de la tasa de paro en nuestro país.
En consecuencia, la medida es acertada, pero también una solución parcial al problema de la carestía de la vivienda. Por tanto, nunca puede ni debe sustituir a una política encaminada a liberalizar el suelo para abaratar la vivienda, la que de verdad reducirá su precio y el importe de los alquileres y no permitirá nuevas subidas abusivas como las de los últimos años. Por ello, la decisión del Gobierno marcha en la buena dirección, pero el Ejecutivo debe terminar lo que está empezando.
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