Todo apunta a que la información aparecida el viernes sobre una gran alianza entre Gas Natural, Endesa y Aguas de Barcelona es un globo sonda del tripartito catalán para conocer la reacción de todos los implicados directa e indirectamente en una operación que ha sido desmentida por las tres empresas que, supuestamente, van a protagonizarla.
El independentismo catalán siempre ha considerado esencial para sus intereses contar con una empresa catalana multiservicios que sea especialmente fuerte en materia de energía. Esta idea la comparten los socialistas desde hace años y su reflejo en la realidad se plasmó cuando el Gobierno de Felipe González dejó en manos catalanas Gas Natural en el momento de su privatización, con La Caixa como accionista de referencia. Luego, ya con el PP en el poder, desde Cataluña se intentó crear un súper grupo energético que integrara a Gas Natural, Repsol e Iberdrola. Las dos primeras compañías tienen en su accionariado una fuerte presencia de La Caixa; la tercera, no, pero una parte del BBVA apoyaba la operación. Entonces, Iñigo de Oriol, el presidente de la eléctrica vasca, dio muestras de una gran habilidad táctica y promovió la fusión de la compañía con Endesa, con lo que desbarató la operación. El siguiente episodio se produjo el año pasado, cuando Gas Natural lanzó una OPA sobre Iberdrola que la Comisión Nacional de la Energía vetó. Ahora, el tripartito de izquierdas que gobierna Cataluña vuelve a las andadas, con maneras más sutiles y una estrategia mejor pensada.
Todo este asunto se enmarca en un contexto definido por el poder del presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, en el seno del PSOE; por el comentario de Miguel Sebastián acerca de que el Gobierno Zapatero promoverá operaciones corporativas en el sector energético; por el deseo de Maragall de que tanto el Tribunal de Defensa de la Competencia como algunas comisiones regulatorias estén en Cataluña, donde es más fácil influir sobre ellas, y por un Ejecutivo central que ha dicho respecto a esta supuesta operación corporativa que no intervendrá en la misma cuando, si se lleva a cabo, está obligado a hacerlo porque el Consejo de Ministros tiene la última palabra a la hora de autorizar, denegar o condicionar la ‘gran alianza’, de acuerdo con el poder que le confiere la normativa vigente sobre defensa de la competencia. En este contexto, Maragall tiene muy fácil salirse con la suya, desde el punto de vista político, y crear esa gran empresa.
A la dirección de Endesa, desde luego, esta perspectiva le pone los pelos de punta. Pero, en este caso, y a diferencia de lo que ocurrió con Iberdrola, los interesados en que la operación salga adelante cuentan con instrumentos para tratar de forzar un cambio de actitud. De entrada, La Caixa tiene una fuerte presencia en el accionariado de las tres compañías afectadas. Luego, el propio Gobierno central tiene en su mano la adjudicación de los derechos de emisión de contaminantes establecidos en el protocolo de Kioto. Endesa necesita un reparto de los mismos muy favorable, tanto en términos de costes como de cantidad, porque arrastra las consecuencias de la ‘n’ de su nombre, esto es, de su pasado como empresa pública o ‘nacional’, en forma de centrales térmicas de carbón para sostener artificialmente la minería de este combustible. El Ejecutivo de Zapatero puede jugar con esta cuestión y Maragall lo sabe.