La huelga de los últimos días de los pilotos de Iberia, así como el paro que han convocado los maquinistas de RENFE, obliga a una necesaria reflexión sobre el derecho de huelga y la tan largamente demorada regulación legal del mismo. Una cosa es el ejercicio de ese derecho, lógico en una democracia y en un régimen de libertades, y otra cosa muy distinta es el abuso que hacen del mismo determinados colectivos con capacidad para paralizar medio país sin causa que lo justifique.
Los pilotos de Iberia se declararon en huelga para protestar contra la decisión de la compañía de abrir una línea de bajo coste, algo que perjudica a los intereses de uno de los grupos profesionales más y mejor pagados de España. La huelga carecía de razón de ser. Sin embargo, los pilotos la llevaron a cabo en el peor momento, en plena temporada turística y de máximos de ocupación de los aviones de Iberia, deteriorando la imagen de la compañía y, por añadidura, la imagen de España en el exterior. Es lo que han hecho otras veces sin miramiento ni consideración alguna hacia la empresa que les paga sus astronómicos sueldos y hacia el país gracias al cual muchos de ellos tienen empleo por ser una de las potencias turísticas más importantes del mundo. La huelga no tenía razón de ser y no ha sido más que un ejercicio dañino de abuso de un derecho sin que todavía esté muy claro si la razón del final del paro es el acuerdo alcanzado con la compañía o la amenaza de la misma de llevarles mañana ante los tribunales por considerar que el paro era, y es a todas luces, ilegal.
Con los maquinistas de RENFE ocurre tres cuartos de lo mismo. Acaban de convocar tres días de huelga para protestar por la nueva regulación establecida por el Gobierno para acceder a la profesión sin haber negociado previamente con ellos, cuando no hay nada que negociar. Lo que está detrás de este asunto es que, con los nuevos requisitos, habrá más maquinistas y se romperá el monopolio que ejercen actualmente, quebrando de esta manera su poder. Eso es lo que no quieren y por eso han convocado una huelga en un estilo tan tradicional de ellos como de los pilotos de Iberia, esto es, cuando llegan las vacaciones de verano, o los puentes, y medio país necesita viajar para disfrutar de unos días de ocio y descanso. Nuevamente, por tanto, aparece el abuso en el ejercicio de un derecho que, además, vuelve a incidir sobre la principal industria española, el turismo y sobre algo tan importante para la misma como es la imagen de España en el exterior.
Lo peor de todo es que estos colectivos tienen el poder de paralizar el país y no han dudado en ejercerlo cuando les ha convenido, sin causa alguna que lo justifique. Todo el mundo tiene en mente los paros de RENFE o de los pilotos de Iberia en periodos vacacionales o en puentes y, curiosamente, transcurridos estos periodos, no vuelve a haber huelga de ningún tipo. Es algo que da mucho que pensar, tanto como que estos colectivos esperen a la llegada de estas épocas del año para convocar sus paros. Evidentemente, quieren hacer daño y, con ello, presionar a quien corresponda porque, al final, estas huelgas tienen siempre un componente de responsabilidad política porque todo el mundo pide al Gobierno que haga algo.
Yo también pido una solución, pero es muy distinta a la que demandan estos colectivos o a la que pueden exigir muchos ciudadanos. Yo lo que pido es que se aborde de una vez por todas en España la regulación legal del derecho de huelga, algo a lo que todos los sindicatos se oponen abiertamente porque les arrebata el principal instrumento de presión para conseguir sus fines como es la convocatoria de paros. Pero cuando se abusa clara y manifiestamente de un derecho constitucional como es el derecho de huelga, por razones que poco o nada tienen que ver con la defensa de otros derechos fundamentales o con la obtención de unas condiciones de vida dignas, el establecimiento de esta regulación es perentorio. Es la única forma de librar al país del chantaje permanente al que le someten, cada cierto tiempo, colectivos que lo único que pretenden es consolidar eternamente una posición de privilegio que no se corresponde ni con la realidad económica española ni de las empresas que les pagan mensualmente sus sueldos. ¿Se atreverá el Gobierno de Zapatero a hacerlo?