El acuerdo confidencial al que han llegado los cinco grandes de la Unión Europa –Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España- para bloquear cualquier iniciativa de la Comisión Europea encaminada a aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) –que prohíbe déficit públicos superiores al 3% y obliga a caminar hacia el equilibrio presupuestario- constituye un mal presagio del futuro que podría aguardar a la estabilidad económica en la Unión Europea. El PEC se estableció, precisamente, para que los Estados miembros del euro no volvieran a recaer en el viejo vicio del déficit presupuestario, que tan caro le costó a Europa en la primera mitad de la década de los noventa. Si, a partir de ahora, su aplicación se hace a la carta, el peligro de retorno a la indisciplina fiscal es más que evidente. Los cinco grandes, en consecuencia, parecen invocar al fantasma del déficit, y eso es muy caro, en términos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social.
Uno de los problemas más graves que tiene que afrontar la zona del euro es la reestructuración de sus finanzas públicas. Algunos países, como España, han hecho sus deberes, pero los dos grandes, Alemania y Francia, no. De esta forma, ambos Estados se han encontrado en 2004 con desequilibrios en sus cuentas públicas que rondan el 3% porque no aprovecharon los años de bonanza de la segunda mitad de la pasada década para acometer reformas en sus respectivos gastos públicos y ahora padecen otra vez unos déficit públicos que están impidiendo el despegue económico de ambas naciones.
Si sólo se tratara de una cuestión de coyuntura económica, la cosa no sería demasiado grave. El problema es que el déficit presupuestario es un elemento que juega en contra de la competitividad de estas economías -porque su financiación se lleva una buena parte del dinero que debería financiar la inversión privada y porque, con el tiempo, impone tipos de interés cada vez más elevados-, justo cuando acaba de producirse la ampliación de la Unión Europea hacia países con mucho potencial de desarrollo y costes laborales –incluidas las cargas sociales- sensiblemente inferiores a los de Francia, Alemania e, incluso, la propia España, que los dotan de un atractivo inigualable en el Viejo Continente para captar inversiones que hasta ahora acudían a los Estados más avanzados o, directamente, para trasladar allí fábricas que hoy tienen su sede en las naciones más avanzadas. Por no hablar de China o India, por ejemplo, como posible destino de esas deslocalizaciones.
El acuerdo de los cinco grandes, además, se produce en contra de las recomendaciones realizadas el pasado lunes por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, que advirtió de los peligros que acarrearía la relajación de la disciplina que impone el PEC. No es la primera vez que el BCE se pronuncia en este sentido porque sabe perfectamente lo que pasa: en cuanto se da rienda suelta a los gobiernos para manejar a su antojo las finanzas públicas, el déficit se transforma de posibilidad teórica en realidad palpable. Así, a finales de los noventa, la autoridad monetaria del euro advirtió, informe tras informe, de los problemas con las cuentas públicas que tendrían más adelante los países que estaban rehuyendo las reformas en el gasto. Esos problemas son los que hoy padecen Alemania y Francia y los que podrán tener mañana otros Estados que se sumen a la iniciativa franco-germana de acabar con el PEC.
Que España se haya sumado a esta iniciativa es un elemento francamente preocupante para el futuro económico del país. El Gobierno del PSOE heredó del PP una situación económica muy saneada que propició que, en los años anteriores, casi la mitad de los puestos de trabajo generados en Europea se crearan en España y que nuestra economía tuviera un crecimiento más de un punto superior a la media del conjunto de la zona del euro. Estos logros son el producto de la estabilidad económica alcanzada y de las reformas estructurales que puso en marcha el PP en sus ocho años en el poder. Si ahora vuelven los desequilibrios, las ventajas competitivas de que veníamos disfrutando se perderán. Y ese retorno a la inestabilidad, al menos en el terreno presupuestario, puede producirse ya que, a fin de cuentas, la posición española respecto al PEC no es más que el fiel reflejo de la política iniciada por el Ejecutivo de Zapatero de acabar con la ley de estabilidad presupuestaria y propugnar toda una serie de medidas que impulsan el crecimiento del gasto público con independencia de sus consecuencias sobre el déficit.
