Todos somos prisioneros de nuestras obras. Un Gobierno, por supuesto, también. Por ello no debe extrañar a nadie la drástica caída experimentada por España en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Según este estudio, nuestro país perdió 18 posiciones en 2006 hasta situarse en el puesto 35. Probablemente si ese estudio se realizara ahora, la cosa sería peor.
¿Qué pasó en 2006 para que España cosechara tan malos resultados? El índice penaliza todo lo que sean intervenciones estatales en la economía, sobre todo cuando además éstas tienen una naturaleza política más que evidente. Aquel año, nuestro país venía de asistir al intento de asalto a la presidencia del BBVA promovido por Moncloa y se hallaba inmerso en el culebrón de las opas sobre Endesa, donde la mano de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno no solo era patente sino que todo aquello era nada más que un montaje político destinado a que el tripartito catalán pudiera contar con una compañía eléctrica para así ir completando la estructura económica necesaria para la independencia. Este tipo de comportamientos hacen que las inversiones sean muy inseguras y acaban por pagarse.
Por si no bastara con ello, una vez que Gas Natural perdió toda opción sobre Endesa con la entrada en liza de E.On, el Gobierno volvió a las andadas poniendo a la eléctrica alemana todo tipo de trabas, impedimentos que en ningún momento se le habían planteado a Gas Natural. Aparecía, por tanto, una desigualdad de trato entre las empresas españolas y las empresas extranjeras que contribuyeron también no solo a que España perdiera atractivo inversor, como denunció el ex presidente de Endesa, Manuel Pizarro, al inicio del culebrón, sino que esa pérdida de atractivo viniera seguida de una caída en la inversión extranjera española que se reflejó, por ejemplo, en que la Bolsa española fue de las que menos subió en Europa en 2007.
El intervencionismo, por tanto, tiene un coste. La pérdida de atractivo para la inversión extranjera en España no es sino una más de las cuantificaciones del mismo. Cuando ese intervencionismo, además, tiene finalidades políticas claras hace que el marco económico sea completamente imprevisible y, con él, las inversiones mucho más arriesgadas ya que nadie sabe a qué atenerse con el Gobierno de turno, quien nunca advierte en sus programas electorales de cuáles son sus intenciones al respecto. Simplemente llega y hace de las suyas, ocasionando pérdidas a unos inversores que, a partir de entonces, tienen que pensárselo dos veces antes de volver a colocar su dinero en nuestro país. La economía española está ahora sufriendo las consecuencias de aquellos actos. Por ejemplo, los bancos españoles no están afectados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo pero, aún así, están castigados en Bolsa y tienen dificultades para obtener créditos en los mercados internacionales. Por supuesto, esto se debe en parte a la crisis internacional, pero también a las dudas que ha sembrado el Gobierno a lo largo de la legislatura.
Como aquellos polvos trajeron estos lodos, ahora España paga los platos rotos por Moncloa. Por ello, el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 9 de marzo debería ser extremadamente cauteloso en estas cuestiones. La inversión no ha dejado de venir a España porque China o India sean más atractivas. Si fuera así, el Reino Unido, por ejemplo, no sería uno de los lugares preferidos de la inversión extranjera. Por el contrario, han sido las actuaciones de Moncloa en asuntos como el asalto al BBVA o las opas por Endesa las que han deteriorado la capacidad de España de atraer inversiones. Por ello, y ahora que planea una nueva opa sobre Iberdrola, el Gobierno debería abstenerse de intervenir en la misma salvo para impedir que la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán caiga en manos de una empresa pública extranjera. Que los políticos aprendan de una vez por todas la lección impartida por el Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa porque, de lo contrario, en el futuro la posición de España será aún peor.
