Presionado por los mercados y por la Unión Europea, que no por la crisis y sus víctimas, al Gobierno le han entrado las prisas por hacer cosas en materia de política económica. Ya no son propuestas de cara a la galería, sino verdaderas medidas de política económica con las cuales pretende enviar a los inversores y a Bruselas un mensaje acerca de que España ya está haciendo los deberes pendientes. El problema es que, en sus propuestas, Zapatero sigue sin querer abandonar su trasnochada ideología y, en consecuencia, lejos de presentar planes articulados y coherentes, con las reformas profundas que necesita la economía española, lo que pone sobre la mesa no son más que parches, parches y más parches. Es el caso de la reforma laboral.
El problema del paro se puede resumir en tres aspectos: cifras escandalosas de desempleados, estragos entre los jóvenes y muchas dificultades para los mayores de 45 años para reintegrarse al mercado de trabajo, mientras pierden con el tiempo la prestación por desempleo. ¿Cómo se combate esto, que es lo que de verdad hay que arreglar? Pues haciendo lo que Zapatero no ha incluido en la reforma laboral que acaba de presentar.
Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es afrontar, de una vez por todas, el problema de los costes de despido. Este punto es fundamental para poder empezar a crear empleo, porque como España es un país cuyo tejido empresarial está formado en un 95% por pymes, que son quienes de verdad contratan, hay que facilitarles las cosas para que se animen a incrementar sus plantillas sin temor a que si las cosas van mal se vean lastradas por unos costes laborales imposibles o por unas indemnizaciones por despido ruinosas. Esta es la realidad española que hay que tener siempre muy presente en lo que se refiere al mercado de trabajo, una realidad que hace muy difícil aplicar en España el modelo alemán, como quiere el Gobierno. El reparto del trabajo es posible en una economía como la germana porque allí predominan las grandes empresas industriales, pero aquí no. Además, el modelo alemán contempla una compensación monetaria por la reducción de la jornada del trabajo y, en consecuencia, del salario, con cargo al presupuesto público, algo que nuestro país no se puede permitir no ya porque sea un lujo sino porque el déficit es insostenible, porque va a ser muy difícil colocar los más de 210.000 millones en deuda que el Gobierno tiene que emitir este año y porque, simple y llanamente, estamos muy cerca de la suspensión de pagos. Así es que hay que olvidarse de gastar lo que no se tiene porque ya nadie lo va a financiar.
Conjuntamente con ello, resulta del todo punto necesario rebajar las cotizaciones sociales, que forman parte del coste laboral al que se enfrentan las empresas y que tienen que reducirlo. Si las cotizaciones no se recortan, la única vía de ajuste es la masa salarial, o sea, la plantilla, y más aún cuando los costes energéticos presionan al alza, bien porque el petróleo suba debido a la recuperación internacional, bien a causa de la política energética del Ejecutivo, basada en impulsar las energías caras en lugar de la nuclear, que es por la que apuestan cada vez más países de la UE. Claro que recortar las cotizaciones sociales obliga a enfrentarse a lo que el Gabinete no quiere, es decir, a la verdadera reforma de la Seguridad Social. Pero si se quiere reducir la sangría del paro y volver a crear empleo, tarde o temprano habrá que hacerlo. Sobre todo porque la reinserción de los mayores de 45 años en el mercado laboral pasa, en gran medida, por incentivos como la reducción de las cotizaciones sociales en sus contratos.
En cuanto al caso de los jóvenes, el problema se solucionaría instaurando una especie de contrato de aprendizaje que permitiera contratarlos por mucho menos que lo que ganan los trabajadores en plantilla, incluso por menos del salario mínimo interprofesional, porque como no tienen experiencia laboral, que es lo que necesitan para trabajar, son menos productivos y entonces las empresas los rechazan. Por eso, casi la mitad de los menores de 25 años no tiene empleo. Es un problema de salarios excesivos en relación con su cualificación profesional, no de coste del despido. Sin embargo, respecto a este asunto el Gobierno guarda silencio.
Todo esto es lo que de verdad hay que hacer en España para resolver el problema del paro, junto con algunas otras cuestiones tabú para los sindicatos, como la imposición de la movilidad geográfica y funcional. ¿Qué dice la reforma laboral de Zapatero al respecto? Nada, porque el presidente del Gobierno sigue anclado en unos postulados ideológicos acerca de los derechos sociales que, con la que está cayendo en este país, resultan ridículos. Y como no dice nada al respecto la reforma que ha presentado, aunque contiene medidas interesantes, en última instancia no es más que un conjunto de parches que apenas tendrá incidencia en la situación del desempleo.