El proyecto de ley por el cual se autorizará la inversión en Bolsa de parte del fondo de reserva de la Seguridad Social constituye una razón más, y de peso, para proceder a la privatización del sistema público de pensiones y alejarlo de las manos del Gobierno de turno.
La inversión en el mercado de valores de parte de los excedentes generados en los últimos ejercicios por la Seguridad Social es una técnica propia de las gestoras privadas de planes de pensiones, que la utilizan para obtener una rentabilidad a largo plazo que financie una prestación digna a los ciudadanos que los suscriben cuando llegue el momento del retiro. Lo lógico, por tanto, sería que los trabajadores pudieran empezar a aportar de una vez por todas el dinero que dedican a su retiro al sistema privado, sobre todo teniendo en cuenta que el actual modelo público de reparto, por el cual las cotizaciones presentes financian las pensiones actuales, entrará en déficit a partir de 2015. Con estas perspectivas, lo natural para que en el futuro todo el mundo pueda contar con una pensión digna es empezar a aportar ya dinero a los planes privados.
Sin embargo, el Gobierno de Zapatero, lejos de actuar con la lógica que requieren las circunstancias, se ha pasado toda la legislatura haciendo todo lo posible para que los ciudadanos tengan que depender del Ejecutivo cuando llegue el momento de su jubilación. Así, ha incrementado la tributación del ahorro a largo plazo en la última reforma del IRPF e incluso se ha planteado eliminar las deducciones por aportaciones a planes de pensiones en dicho impuesto, por no hablar la forma en que ha caído en el olvido la promoción de los planes de pensiones de empresa.
Semejantes decisiones, incluida ahora la de autorizar al fondo de reserva de la Seguridad Social a invertir parte de sus recursos en Bolsa, no pueden interpretarse más que como el deseo del Gobierno de someter a su control total a los ciudadanos a través del sistema de pensiones. Ahora se les pone cada vez más trabas para que ellos mismos puedan gestionarse su futuro, el cual, cuando llegue el momento de la jubilación, dependerá de las decisiones del Ejecutivo de turno respecto a la cuantía de la pensión –cada vez menor a medida que se va ampliando el periodo de cotización a tener en cuenta para calcular el importe– y a la revalorización anual de la misma. Pero no contento con eso, el Gobierno ahora va a incrementar su grado de control sobre la sociedad a través de la colocación en el mercado de valores de parte del fondo de reserva de la Seguridad Social.
Si este fuera un país verdaderamente respetuoso con las libertades individuales y económicas, no habría demasiadas razones para albergar sospecha alguna en cuanto a dicha inversión. Pero es que este país está gobernado por quien quiso desplazar al presidente del BBVA de su cargo, por razones que nada tienen que ver con la marcha del banco, y que ha hecho lo que ha hecho con Endesa. Con estos precedentes, que ahora el Gobierno vaya a invertir en Bolsa una cantidad ingente de dinero procedente del fondo de reserva de la Seguridad Social constituye un elemento más que inquietante por la capacidad que le proporcionará de hacer y deshacer a su gusto en aquellas empresas en las que el fondo adquiera acciones.
Lo peor de todo, sin embargo, es que el clan de Intermoney va a ser quien supervise las inversiones del fondo de pensiones. El clan ha tenido una participación activa y casi decisiva en el intento de asalto al BBVA y en lo acontecido en torno a Endesa. Además, desde que su cabeza visible, Miguel Sebastián, se hizo cargo de la Oficina Económica del presidente, el clan ha tratado de copar todos los puestos relacionados con la supervisión del sistema financiero. Ya tiene la CNMV, a través de Carlos Arenillas y de varios vocales mientras que el presidente de la Comisión, Julio Segura, ha sido cliente de Intermoney. El clan, con David Vegara, también está al frente de la Secretaría de Estado de Economía, el departamento del Ministerio de Economía de quien depende todo lo relacionado con la supervisión del sistema financiero, y ocupa, dentro de él, las direcciones generales del Tesoro y de Seguros. También intentó hacerse con el control del Banco de España, sin conseguirlo. Evidentemente, todo era una estrategia para ejercer un control absoluto sobre el sistema financiero que, además de lo sucedido con el BBVA y Endesa, ahora empieza a cobrar más sentido, en forma de negocio a la hora de invertir los ingentes recursos de la hucha de las pensiones y en forma de mayor poder sobre el sistema financiero y las empresas.
En estas circunstancias, y con la quiebra del sistema público de pensiones a partir de 2015 como telón de fondo, lo que se impone es el paso a un sistema privado de capitalización –las cotizaciones de hoy pagarán las pensiones de mañana mediante la acumulación de ahorro y la rentabilidad obtenida por el mismo–. Con ello, España ganará importantes cuotas de libertad y los ciudadanos podrán obtener mejores pensiones cuando llegue el momento del retiro.
