La creación de la Agencia Tributaria catalana supone, por el momento, el último eslabón de una absurda cadena de acontecimientos encaminada a desequilibrar y sesgar las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España a favor de la primera. Desde que Zapatero llegó al poder, todo han sido cesiones y concesiones económicas que, además de empezar a romper la unidad de mercado, establecen un modelo de relaciones desiguales entre las distintas comunidades autónomas.
Cataluña quiere su propia agencia tributaria para gestionar sus impuestos, lo que supone un doble problema. Por un lado, se rompe uno de los elementos básicos de la unidad del mercado español justo en unos momentos en los que, a nivel de la Unión Europea, se pretende avanzar hacia un mercado unificado a escala continental. Por otro, no hay que olvidar que Cataluña es la región que concentra un mayor fraude fiscal, lo que abre las puertas a que la nueva administración catalana se concentre en que el fraude no le afecte a ella y sean los ingresos estatales quienes tengan que asumir las consecuencias. Eso es, al menos, lo que piensan los inspectores de Hacienda, que de esto de lucha contra el fraude saben, y mucho.
La hacienda catalana tiene un problema de fondo, y es que de un tiempo a esta parte viene recaudando menos recursos de lo que esperaba, debido tanto a que su economía ha dejado de ser la más dinámica de España como a que, silenciosamente y de forma paulatina pero firme, las empresas están marchándose de allí para instalarse en otros lugares de España donde no hay problemas con la inmersión lingüística ni inseguridades relacionadas con una posible separación en el futuro de Cataluña del resto del país.
La política adoptada por el tripartito desde que llegó al poder en 2003 está sembrando la desconfianza de los empresarios hacia el Gobierno catalán y eso, al final, se nota en su recaudación tributaria, que crece menos de lo previsto hasta el punto de que el 10% del presupuesto autonómico procede del fondo de suficiencia, esos recursos que aporta el Estado y las autonomías que recaudan más –fundamentalmente Madrid– para compensar a los Ejecutivos regionales por posibles pérdidas de recaudación como consecuencia del actual sistema de financiación autonómica. En este contexto, la creación de la agencia tributaria catalana hace pensar en una estrategia para cerrar ese déficit de recaudación a costa de los ingresos que la región tiene que aportar al presupuesto estatal.
De esta forma, en la creación de la agencia tributaria catalana se combinan elementos presupuestarios –el mayor gasto público por persona de España en contraposición con unos ingresos que no evolucionan como desearía la Generalitat– con factores políticos destinados a que Cataluña tenga una independencia económica cada vez mayor. Así se explican cosas como la OPA de Gas Natural por Endesa, la obligación bajo amenaza de sanción para las empresas de rotular y etiquetar en catalán, la reducción de las aportaciones de Cataluña al presupuesto del Estado fijadas en el nuevo estatuto, etc. Y todo ello bajo la fórmula de un federalismo asimétrico, aceptado por Zapatero, que establece relaciones desiguales con el resto de España. La política del presidente en este ámbito, por tanto, se puede resumir en tres palabras: todo para Cataluña.
