La decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la decisión del Consejo de Ministros de autorizar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, supone un duro mazazo para el Gobierno, con consecuencias económicas y políticas de largo alcance. Por supuesto, todavía no se trata de una sentencia definitiva que dé la razón a Endesa en su demanda contra el acuerdo del Ejecutivo de autorizar la OPA, pese a la cantidad de principios de defensa de la competencia que vulnera dicho acuerdo, pero se trata de un primer reconocimiento por parte del Supremo de que la eléctrica que preside Manuel Pizarro tiene razón en su denuncia y de que el Gabinete ha actuado de forma arbitraria para favorecer los intereses de Gas Natural a cualquier precio, en contra de Endesa, en vez de hacerlo con la imparcialidad que cabría esperar de las máximas autoridades económicas y políticas de este país.
Desde esta perspectiva, el fallo del Supremo supone un principio de desautorización al ministro de Industria, José Montilla, principal valedor de los intereses catalanes de todo tipo en el Gobierno nacional, y al propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quienes apoyaron la OPA de Gas Natural contra viento y marea aún a sabiendas de que su posición era tan injusta como contraria al dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre este caso, que recomendó la prohibición de la operación por sus consecuencias graves y permanentes para el sector eléctrico español. ¿Cómo se explica ahora la autorización del Consejo de Ministros en contra de lo dicho por las autoridades de defensa de la competencia? ¿Qué tienen que decir Zapatero y Montilla al respecto?
Con el acuerdo del Consejo de Ministros en suspenso, se puede decir que Gas Natural ha quedado, práctica y definitivamente, fuera de la pugna por hacerse con Endesa, algo que, en cierto modo, ya ha empezado a admitir Zapatero cuando le dijo el pasado jueves a la canciller alemana Angela Merkel que el Gobierno no pondría trabas a la OPA de E.On sobre Endesa. Y es que, al final, y pese a todas las presiones ejercidas por el Ejecutivo sobre La Caixa, principal accionista de Gas Natural, para que la gasista mejorase su oferta por Endesa, ésta ni tiene capacidad financiera suficiente para hacerlo ni, por lo visto, sus directivos y accionistas acaban de estar por la labor teniendo en cuenta el cariz político tomado por los acontecimientos desde el primer momento.
Pero la resolución del Supremo tiene una segunda consecuencia en este sentido. Zapatero estaba empeñado en dar una eléctrica a Gas Natural a cualquier precio, por lo que había cambiado su estrategia, a la luz del cariz que estaban tomando las cosas, para permitir que E.On se hiciera con Endesa, después de trocear previamente la eléctrica española para darle su parte de la tarta a Gas Natural, en cumplimiento de uno de los puntos del pacto de Tinell. Sin embargo, con la OPA de E.On de lo único que se trata es de que el capital de Endesa pase a manos de un tercero que carece de presencia en el mercado eléctrico español y, por tanto, se trata de una operación que no restringe la competencia. Como no hay justificación alguna para proceder a tal partición, ahora le va a resultar más difícil al Ejecutivo salirse con la suya, puesto que el fallo del Supremo abre un precedente que puede bloquear judicialmente cualquier opción que barajen Zapatero y los suyos para satisfacer los intereses de sus socios en el Gobierno de la Generalitat. Por consiguiente, es posible que el tripartito haya tenido que decir adiós definitivamente a sus pretensiones de que Cataluña cuente con una eléctrica catalana, que es una condición indispensable para hacer viable cualquier proyecto independentista desde el punto de vista económico.
Asimismo, el fallo del Supremo puede haber bloqueado los intentos del Gobierno para sortear los problemas con las autoridades de defensa de la competencia en las maniobras que pretende llevar a cabo en el sector energético español. El Ejecutivo había planteado la posibilidad de traspasar las funciones con que cuenta el Tribunal de Defensa de la Competencia en esta materia y sobre el sector energético a la Comisión Nacional de la Energía, el organismo regulador presidido por la ex diputada socialista catalana Maite Costa que, desde el primer momento, se ha plegado a los intereses del Gabinete. Era la manera de poder maniobrar a su libre albedrío en el asunto de Endesa, o en los que puedan venir en el futuro, sin que nadie le saque los colores a Zapatero y Montilla como lo hizo el Tribunal de Defensa de la Competencia. Pues bien, ese traspaso de funciones, ilógico pero posible, puede no servir para las intenciones del Gobierno si cualquier resolución que la CNE adopte en este sentido luego los tribunales la echan por tierra. El fallo del Supremo representa, en este sentido, un primer precedente significativo; los excesos que puedan cometer Zapatero y los suyos pueden encontrarse enfrente de una Justicia que, en el caso de Endesa, está dando muchas muestras de que actúa como cabe esperar de ella. Por todo esto, la resolución del Supremo supone un mazazo, muy duro, para el Gobierno y sus intereses partidistas.