La Comisión Europea es poco dada a criticar los programas de estabilidad de los Estados miembros del euro, excepto en lo que se refería a los objetivos de déficit público si detrás de ellos no se apreciaba un verdadero esfuerzo por avanzar hacia el equilibrio presupuestario. Pero esto último lo hacía antes de que los dos grandes de la unión monetaria europea, Alemania y Francia, pusieran en solfa el Plan de Estabilidad. Por esta razón, resulta llamativa la crítica realizada por Bruselas al plan de estabilidad español 2005-2008.
Lo primero que dice el colegio de comisarios es que las previsiones de crecimiento económico para este ejercicio –el 2,9%– y los tres siguientes –una media del 3%– son “bastante optimistas”. Esto no quiere decir que las considere irreales, sino que, a juicio de la Comisión Europea, el Ejecutivo español ha fijado unas estimaciones al límite en unos momentos plagados de muchas incertidumbres en torno a la evolución del dólar, que tanto daño está haciendo a las exportaciones de la zona del euro; al precio del petróleo, que esta misma semana ha vuelto a batir su récord histórico, y a la coyuntura de Alemania y Francia, los motores económicos de la Unión Europea. Los analistas, de hecho, calculan para 2005 un crecimiento del 2,5% como mucho. Sin embargo, el Gobierno parece insistir en su discurso de que, con los socialistas, la economía va a seguir marchando bien y si el PP presentaba sus programas con previsiones de crecimiento medio del 3%, ellos no van a ser menos, sobre todo para ahorrarse las críticas que les vendrían desde la oposición del Partido Popular, cuyo principal activo cuando estuvo en el poder fue, precisamente, la buena gestión de la economía.
Este punto enlaza con la segunda gran crítica que la Comisión Europea realiza al plan español. Bruselas insiste en que España debe realizar una reforma “exhaustiva” de su sistema público de pensiones, mediante la profundización de las medidas contenidas en el Pacto de Toledo. De hecho, el año pasado ya debería haberse iniciado este proceso. Así lo contempla el propio Pacto. Sin embargo, todavía no se ha hecho nada al respecto.
La crítica de Bruselas no sólo es oportuna para recordar que aún quedan muchas cosas por hacer para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones a largo plazo y evitar problemas presupuestarios, sino porque no sólo no se hace nada sino que las decisiones que está tomando el Gobierno en materia de previsión social van precisamente en contra de lo que hay que hacer para mantener la solvencia del modelo. La fortaleza del crecimiento económico y de la creación de empleo de los últimos años retrasó el momento de la crisis financiera del sistema y transformó el déficit galopante de la Seguridad Social en un superávit importante. Pero dicho crecimiento podría ir a menos en los próximos meses, como consecuencia de la carestía del petróleo y del euro, de la nueva fase de desaceleración económica en que ha entrado la Unión Europea y de la ausencia de medidas de política económica para reemplazar a las que pusieron en marcha los Gobiernos del Partido Popular, cuyos efectos prácticamente se han agotado. En este sentido, por muy optimista que sea el Ejecutivo socialista respecto a las previsiones de crecimiento de su actualización del programa de estabilidad de España, hay una realidad incuestionable más allá de la retórica política: que la actividad productiva pierde pulso de manera paulatina, lo que puede desacelerar el ritmo de crecimiento de afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, la tasa de incremento de ingresos por cotizaciones sociales con los que se pagan las pensiones de los jubilados actuales.
Además, no hay que olvidar que hace unas semanas el Gobierno autorizó a las Comunidades Autónomas a desarrollar sus propias políticas de pensiones, al margen de la estatal. De esta forma, vuelve a abrirse la puerta para que las autonomías utilicen las pensiones con fines electoralistas, como ya hicieron Andalucía y Cataluña en el pasado, o como ya ha tratado de hacer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en esta legislatura, utilizando el superávit y el fondo de reserva de la Seguridad Social. Pero las pensiones no son algo con lo que se pueda jugar así como así por razones políticas. Por la propia naturaleza de esta prestación, todo cuanto las afecte debe planificarse a largo plazo, huyendo de visiones cortoplacistas que sólo buscan votos y sientan las bases de problemas futuros que, aunque se han demorado en el tiempo, siguen sin resolverse definitivamente.
