Cuando en octubre de 1999, durante el debate de los Presupuestos para el 2000, Rodrigo Rato propuso a todos los partidos políticos con representación parlamentaria un pacto nacional para abaratar el precio de la vivienda, sabía muy bien lo que decía. La carestía de la vivienda, que no da señales de remitir, es un verdadero problema económico y social. Pero cuando el Gobierno quiso empezar a resolverlo con la Ley del Suelo de 1997, se encontró poco después de su aprobación con una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley del suelo aprobada por los socialistas en 1989 que maniató al Ejecutivo para poder regular sobre este asunto al reconocer a las comunidades autónomas, y no al Estado, la capacidad de legislar en materia de urbanismo. Y en un país con cinco partidos políticos –PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria– sentados en la presidencia de alguna de las diecisiete autonomías, la solución al problema de la vivienda pasa necesariamente por la colaboración de quien detenta el poder en los Gobiernos regionales. De ahí la necesidad del pacto.
Esta realidad no exime al Gobierno de sus responsabilidades, de las que la más importante es la de poner en manos de los ayuntamientos los recursos necesarios, en la medida en la que el Estado pueda hacerlo, para financiarse sin necesidad recurrir a la especulación urbanística. Por ello, es preciso que el nuevo modelo de financiación local aporte a las corporaciones locales esos recursos. Pero luego tienen que intervenir las Comunidades Autónomas, porque son ellas las que, al contar con la facultad normativa en los temas de urbanismo, tienen que establecer las regulaciones adecuadas para que la liberalización del suelo, el medio de abaratar la vivienda, sea una realidad. Y eso es algo que no entiende de colores políticos sino de verdadero compromiso con la sociedad, porque de la misma forma que hay presidentes autonómicos socialistas y ‘populares’ dispuestos a transitar por esta senda, también los hay de los dos colores que no quieren ni oír hablar del tema por temor a las represalias electorales de sus votantes propietarios de pisos, sobre todo de aquellos que poseen varios para obtener rentas mediante su alquiler, que verían disminuido sensiblemente su patrimonio y sus ingresos. En este sentido, el pacto también es necesario.
Además, quienes confían en que la vivienda se abarate mediante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de los últimos años probablemente están equivocados. En 1993 y 1994 el precio de la vivienda bajó, pero lo hizo como consecuencia de una crisis económica que disparó la tasa de paro hasta el 25% de la población activa, con unos tipos de interés en los préstamos hipotecarios que superaban el 14%, todo lo cual se tradujo en la incapacidad de muchas personas para seguir pagando la letra del piso. Esto les obligó a venderlo al precio que fuera, siempre y cuando el banco no lo hubiera embargado previamente. Y, claro, los bancos y las cajas de ahorros se encontraron rápidamente por este motivo con una enorme cantidad de pisos que vender, lo que también impulsó su precio a la baja. Pero ahora, las cosas son distintas. La economía no está en recesión sino que crece en torno al 2% y se recuperará en 2003. Se sigue creando empleo y la tasa de paro está por debajo del 12% mientras los tipos hipotecarios no superan el 5% ó 6%. Junto a ello, las entidades crediticias han aprendido la lección y ahora los créditos hipotecarios vienen acompañados de seguros de paro y de periodos de carencia en el pago de las letras para no verse inmersos en la situación de hace nueve años. Por ello, las circunstancias económicas no sugieren en ningún momento la posibilidad de que, al menos a corto plazo, se vaya a pinchar la burbuja inmobiliaria. Por eso es necesario el pacto, porque implica a todos –Estado, autonomías y ayuntamientos; Gobierno y Oposición– en el abaratamiento de algo tan esencial como la vivienda, que se lleva todos los años tanto dinero del bolsillo de los españoles.
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