Uno puede entender que un bisoño en las tareas de Gobierno como el líder de Esquerra Republicana de Catalunya y conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, cometa el error de criticar y amenazar a las empresas que decidan irse de la región, por el motivo que sea. Pero resulta más difícil de comprender que el propio presidente catalán, Pascual Maragall, que de esto de gobernar ya sabe, por su experiencia como alcalde de Barcelona y por los trece años que los socialistas detentaron el poder en España, incurra en el mismo error.
El Ejecutivo catalán, según el consejero de Economía, Toni Castells, está estudiando la posibilidad de exigir la devolución de las ayudas recibidas a las empresas que decidan abandonar la región. No cabe duda que detrás de semejante actitud se encuentra la frustración de ver lo poco que le gustan a las compañías las ideas del Gobierno catalán tipo subidas de impuestos, inmersión lingüística, confrontación con el Gobierno central, etc. Pero cuando uno realiza una apuesta política del calado que sea tiene que ser consciente de que el mundo es mucho más amplio que sus miras, y que el hecho de que un político decida embarcarse desde el poder en el nacionalismo y la ruptura con España no implica necesariamente que los demás, empresas incluidas, tengan que compartir su visión de las cosas y, mucho menos, seguirle ciegamente.
La lógica de las empresas es la de ser eficientes para sobrevivir en un mercado más abierto y global que nunca, no la de secundar propuestas políticas y mucho menos si van a tener importantes costes para ellas. Es la gran ventaja de la globalización, que impone a los gobiernos, ya sean nacionales, regionales o locales, políticas sensatas porque, de lo contrario, las compañías hacen las maletas y se marchan con viento fresco a otra parte. Esta es la primera lección que debe aprender el nuevo Gobierno catalán. La segunda es que, por muy atractiva y grata que pueda resultar la vida en Cataluña, hay países que pronto formarán parte de la Unión Europea que tienen unos trabajadores muy cualificados y cobran mucho menos que los españoles, lo que constituye un poderoso atractivo para que las multinacionales se instalen allí que sólo se puede compensar con sensatez y sentido común, algo que, por lo visto, se necesita en grandes dosis en el Gobierno catalán. Y eso que estamos hablando de una región y una sociedad caracterizadas históricamente por su seny.
Uno de los dictados del sentido común es que el marco institucional en el que se desenvuelve la actividad económica de cualquier lugar del mundo, ya sea una provincia, una región o un país, debe ser estable, previsible y respetuoso con los derechos. Con esas coordenadas, las empresas invierten y las sociedades prosperan. Anunciar, como ha hecho el Gobierno de Maragall, la posibilidad de retirar las subvenciones a las empresas que opten por abandonar Cataluña es un atentado contra esos principios básicos porque supone una ruptura radical, imprevista y arbitraria de las reglas del juego que introduce muchas inseguridades y porque aceptar ese nuevo marco supone maniatar a las empresas para tomar decisiones con libertad justo en unos momentos en los que necesitan un elevado grado de flexibilidad. Esta actitud es una invitación abierta a que las inversiones se marchen de Cataluña.
Le pese lo que le pese al tándem Maragall-Carod Rovira, las empresas son libres y exigen libertad. Sus decisiones no son caprichosas, espontáneas ni fruto del azar. Por el contrario, cuando optan por invertir, lo hacen con todas las consecuencias y riesgos y para permanecer de forma estable en el lugar de su elección; cuando deciden marcharse de un sitio, no lo hacen a la ligera sino que antes han meditado en profundidad sobre la decisión y las consecuencias que pudiera acarrear. Lo que debe preguntarse el dúo dinámico, por tanto, es por las causas por las que las compañías abandonan Cataluña y, a partir del diagnóstico, la manera sensata de remediar la situación, con las coordenadas anteriores como telón de fondo. Las amenazas, las políticas insensatas y demás lo único que consiguen es que en otras comunidades autónomas y en otros países europeos las autoridades se froten las manos ante el festín de inversiones que pueden darse a costa y a causa de los políticos catalanes, mientras la región inicia un peligroso declive.