Las políticas económicas del PP y el PSOE tienen muy pocos puntos en común. Uno de ellos es la defensa a ultranza del sistema público de pensiones, basado en el modelo de reparto. Éste consiste, básicamente, en que las cotizaciones actuales a la Seguridad Social pagan las prestaciones económicas presentes a los jubilados. El sistema, sin embargo, presenta dos problemas. Por un lado, la cuantía y la revalorización de las pensiones depende de decisiones políticas, con lo que quién ocupe el poder tiene en sus manos un instrumento importante para ganar votos. La cruz de esta moneda es que ese Gobierno es, en cierto modo, prisionero de los grupos de presión que defiendan a los pensionistas.
El otro problema es de índole estrictamente financiera. La población española envejece, lo que supone que el número de pensionistas respecto al de cotizantes será cada vez más elevado, con lo cual, o bien disminuye progresivamente la cuantía de la pensión, o bien se aumentan las cotizaciones sociales, o bien el sistema va a la quiebra financiera. La fórmula del PP y del PSOE para evitar esta situación es el Pacto de Toledo y la aprobación del salario diferido, es decir, sustituir una parte de la subida salarial por aportaciones a planes de pensiones de empresa con los que completar la pensión pública cuando llegue el momento de la jubiliación.
También se dice que con la llegada de inmigrantes, la relación entre cotizantes y pensionistas será más equilibrada y permitirá mantener el equilibrio financiero de la Seguridad Social a lo largo del tiempo. Varios estudios, sin embargo, demuestran que esto no es así. En primer lugar, el inmigrante tiene que ser cualificado y obtener rentas medias o altas para que sus cotizaciones y las de su empresario sean significativas. En segundo término, el inmigrante que cotice genera el derecho a una pensión pública, con lo que volvemos otra vez al mismo problema financiero aunque demorado en el tiempo. En tercer lugar, el inmigrante genera un gasto público adicional, sobre todo en lo relativo a su integración social, a vivienda, etcétera. Por tanto, esos estudios concluyen que la inmigración no es la solución. Entonces, ¿qué se puede hacer?
El pasado jueves, el Círculo de Empresarios presentó un estudio muy interesante con una propuesta alternativa: el paso del modelo de reparto al de capitalización, esto es, aquel en el que las cotizaciones presentes se depositan en fondos y planes de pensiones para pagar la pensión futura. El documento parte de los datos actuales de evolución de la población, el empleo y el crecimiento económico y ofrece una salida al problema más importante: cómo hacer el cambio de sistema con un coste asumible para las arcas públicas. Pués bien, con el sistema del Círculo se puede hacer ese cambio con un coste que, en una hipótesis pesimista de crecimiento económico, no superaría el 1,4% del PIB anual durante unos pocos años y después se reduciría progresivamente. En cambio, con un crecimiento económico del 3% o superior, lo que, vistos los resultados de los últimos años es perfectamente posible, el cambio no tiene coste alguno.
Por supuesto, lo suyo es que ahora los expertos desmenucen el estudio y hagan sus propias aportaciones. Pero lo más importante del todo es que el Círculo encuentra una salida donde parecía haber un callejón sin salida, que permite a los ciudadanos quedarse en el sistema público o pasar al privado, depender del Gobierno o de sí mismos, y solventar el problema que representa el envejecimiento de la población para las cuentas públicas. Habrá a quien no le guste esto de que las pensiones sean privadas, pero está demostrado que, a lo largo del tiempo, la rentabilidad de las cotizaciones sociales apenas es del 1% por encima de la inflación mientras que la de los planes privados supera el 4%. O sea, con la capitalización, las pensiones son mayores.
Estos son elementos de reflexión importantes, que debe tener en cuenta una sociedad que espera mucho del Estado, sobre todo en materia de pensiones.
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