La propuesta de reforma del mercado de trabajo que ha presentado el Gobierno a la CEOE y los sindicatos es una chapuza que, al pretender contentar a todos, lo que consigue es enfadarlos y, de salir adelante en el Parlamento, como dice el Ejecutivo que es su intención si no se alcanza un acuerdo con los agentes sociales, es probable que contribuya a agravar el problema del empleo en vez de contribuir a su resolución.
El contenido de la propuesta gubernamental es un intento de aunar las diferentes posiciones al respecto mantenidas por los Ministerios de Economía y Trabajo, en vez de ser fruto de una estrategia unificada, como sería lo lógico y requieren las circunstancias. Economía defiende la flexibilización de las relaciones laborales, como acaba de recordar el titular de esta cartera, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, con toda la razón. Los países con un mercado laboral flexible son los que han cosechado mejores resultados en términos de creación de puestos de trabajo y de reducción del paro. Ahí está, por ejemplo, Estados Unidos, con una tasa de paro próxima al pleno empleo que apenas llegó a superar el 6% de la población activa en los peores momentos de la crisis económica de principios de esta década; o el Reino Unido, que ha sido capaz de generar puestos de trabajo con un crecimiento económico prácticamente nulo. ¿Dónde está el secreto de estos resultados tan espectaculares como deseados? Sencillamente, en la capacidad con que cuentan las empresas en aquellos países para ajustar sus plantillas sin problemas a sus necesidades y a la realidad cambiante de las circunstancias de los mercados en los que operan. De esta forma, las compañías no tienen miedo a contratar porque saben que pueden aligerar la carga laboral, si las circunstancias lo exigen, de forma rápida, sencilla y barata, lo que tiene una consecuencia importante en forma de la facilidad con que una persona que pierda su empleo allí puede encontrar otro sin dificultades y de manera casi inmediata. De esta experiencia surge la propuesta de Solbes de abaratar el coste del despido a 33 días por año trabajado y de su insistencia, una y otra vez, en la necesidad de dotar de mayores dosis de flexibilidad a las relaciones laborales.
La lógica aplastante de Solbes topa, sin embargo, con las miras estrechas de un Ministerio de Trabajo que, tanto con el Gobierno del PSOE como con los del PP, siempre ha estado más influenciado por los sindicatos que por la realidad. Recuerden, por ejemplo, la oposición del popular Juan Carlos Aparicio, cuando fue titular de la cartera de Trabajo, a la reforma laboral que quiso llevar a cabo el Ejecutivo del PP en su segunda legislatura, una reforma del todo punto necesaria para continuar con el proceso de creación de empleo y reducción del paro. Al socialista Jesús Caldera, el titular actual de este sillón ministerial, le ocurre lo mismo. Desde el comienzo de la legislatura, su obsesión ha sido la reducción de la temporalidad en el empleo, cosa que, en abstracto, no esta mal siempre y cuando ello no suponga la introducción de nuevas dosis de rigidez en el mercado laboral, que es justo lo contrario de lo que necesita. Pues bien, las aportaciones de Trabajo a la propuesta de reforma hacen justamente eso que no tienen que hacer porque la reducción a dos años de la contratación temporal, el intento de conversión de contratos de obra en indefinidos o la transformación de contratos temporales por necesidades de negocio en fijos discontinuos, lo que hace es reducir el margen de maniobra de las empresas para llevar a cabo una política de recursos humanos acorde con las circunstancias a las que se enfrente. Y cuando las cosas se ponen así, las empresas no contratan.
Las cosas, desde luego, no son para tomárselas a broma. Una buena parte del sector industrial existente en España se ve amenazado por el peligro de la deslocalizacíón de empresas, en parte debido a los bajos costes laborales existentes en otros lugares del mundo, como Europa del Este, Asia y Latinoamérica, en parte por la rigidez de las relaciones laborales. Piensen, por ejemplo, cuanto tiempo tardaría Volkswagen en cerrar las puertas de la factoría de SEAT en Martorell si ahora que necesita reducir las horas de trabajo y, en consonancia con ello, las retribuciones salariales porque las ventas de vehículos están cayendo en Europa, se encontrara con que no puede hacerlo. Pues eso mismo es igualmente válido para otras empresas y sectores, algunas de las cuales se pueden ir a otros países y otras no, con lo que la rigidez laboral puede condenarlas a la desaparición. Entonces, en lugar de proteger el empleo y generar puestos de trabajo, lo único que se conseguiría es su destrucción.
Caldera, sin embargo, quiere avanzar por la senda de la rigidez frente a la flexibilidad promovida por Solbes. Y como Zapatero quiere contentar a todos, cosa que es imposible, ha optado por la solución salomónica de coger una parte de uno y otra del otro en la propuesta del Gobierno. Lo malo es que ambas piezas no encajan entre sí. A los empresarios no les sirve de nada el posible abaratamiento del despido si pierden dosis de flexibilidad por el otro lado porque, al final, todo implica aumentar costes y, entonces, no contratan. Y con los sindicatos pasa tres cuartos de lo mismo porque sin flexibilización no hay empleo que defender ni preservar.
