El Gobierno acaba de dar un giro radical a su política de función pública con el acuerdo que ha firmado con los sindicatos. Pero el giro puede que no sea para mejor.
En líneas generales, este acuerdo consiste en subir el sueldo un 3,3% a los funcionarios que trabajen por la tarde, poner fin a la política de no reponer más que una de cada cuatro plazas que queden vacantes en la Administración Central y en reducir la tasa de temporalidad en la misma que está cifrada en un 20%. Sobre el papel parece razonable, pero tras un análisis detallado del mismo no lo parece tanto.
De entrada, la subida salarial está limitada a los funcionarios que acepten una jornada partida de trabajo, como sucede en las oficinas del sector privado. Sin embargo, los sindicatos ya están dando por sentado que ese 3,3% va a ser el incremento para todos con independencia de que se trabaje o no por la tarde. Y si recordamos que fue el propio Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo y hoy titular de Administraciones Públicas, el que acabó por decreto con aquel punto del Pacto de Toledo por el cual los pensionistas tendrían que devolver una parte del incremento de su pensión si la inflación terminaba por debajo de la previsión del Gobierno, no se puede descartar en absoluto que ahora no vaya a suceder lo mismo y que los sindicatos, al final, tengan razón en lo que dicen.
Lo peor de todo, sin embargo, es que la subida salarial en la función pública es la referencia habitual para la negociación colectiva en el sector privado y el Gobierno quiere que el año próximo se mantenga la moderación salarial. Pero, ¿con qué legitimidad moral va a pedir a los sindicatos que pacten incrementos salariales moderados cuando el propio Ejecutivo ha decidido subir el sueldo a los funcionarios el 3,3%?
Luego está la cuestión de la tasa del 25% de reposición de las bajas que se produzcan en el seno de la función pública. Desde luego, hay que acabar con esta política, pero por razones muy distintas a las de los sindicatos, que pretenden que se cubran todas las bajas. Lo que necesita la Administración española es un personal cada vez más cualificado y especializado para atender las nuevas necesidades de la economía y la sociedad, por ejemplo, inspectores de Hacienda y de Trabajo, así como para atender al ciudadano. Desde esta óptica, carece por completo de sentido hablar de coberturas de vacantes y de tasas de reposición porque lo que hay que hacer es cambiar radicalmente el enfoque de la política de personal de la Administración, especialmente porque cada vez son más las relaciones a través de Internet entre ésta y el administrado, relaciones que exigen menos personal y más cualificado. Esa es la senda por la que hay que transitar aunque implique con toda probabilidad la reducción de efectivos de la función pública.
En cuanto a la reducción de la temporalidad, hay que tener en cuenta que la Administración, como las empresas, se enfrenta a necesidades de personal que no tienen por qué implicar un aumento de la plantilla de funcionarios. Un ejemplo es la ya desaparecida Sociedad Estatal de Transición al Euro, creada ‘ad hoc’ para este fin y que una vez cumplido ya no tiene razón de ser. Por tanto, la cuestión no es reducir el número de contratos temporales, sino firmar los que realmente sean necesarios y, por supuesto, evitar que esos contratos acaben convirtiéndose en fijos simplemente por el mero paso del tiempo.
En cualquier caso, el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos sobre los funcionarios tiene un cierto tufillo electoralista. Es ahora, y no hace uno o dos años, cuando se plantea una subida salarial para la función pública superior al 2%, por mucho que ésta se ligue a trabajar por la tarde o a mejoras de la productividad –¿cómo se mide la productividad de un funcionario?– en unos momentos en los que las encuestas empiezan a poner en duda que el PP vaya a obtener en las próximas elecciones un triunfo tan rotundo como el de marzo del 2000.
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