Poco a poco, a base de negar la crisis, de no actuar a tiempo y de no tomar más que medidas populistas y electoralistas, el presidente del Gobierno se ha metido a sí mismo en un laberinto sin más salida que la renuncia abierta a lo que Zapatero ha venido defendiendo hasta ahora –a sus principios ideológicos y de marketing político– para abrazar los dictados de la lógica económica y el más elemental sentido común. Lo malo es que, por ahora, no da muestras de querer cambiar de actitud y sigue completamente desorientado, por más que unos y otros le ofrecen brújulas que le ayuden a encontrar el camino. El último en hacerlo ha sido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo), quien acaba de decir que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es subir mucho más los impuestos indirectos y recortar drásticamente el gasto público. Por desgracia, estas palabras, que son muy sensatas, probablemente caerán en oídos sordos en lo que a ZP se refiere.

Lo de los impuestos indirectos tiene mucho sentido, por poco que me guste decirlo, pero no deja de ser un mal menor frente a la catástrofe económico financiera que puede tener lugar en España como no se adopten pronto decisiones al respecto. En un país como el nuestro, en el que el déficit público cabalga desbocado hacia la imposible cota del 10% del PIB, hay que empezar a tomar ya medidas para embridarlo; si no, como alertó recientemente el presidente del Banco Central Europeo Jean Claude Trichet, ya no habrá margen para endeudarse más, por la simple y sencilla razón que de donde no hay no se puede sacar. Y como no hay bastante ahorro en el mundo para financiar los fuertes desequilibrios presupuestarios en que han incurrido las naciones más industrializadas, las posibilidades de endeudamiento de los Estados son limitadas y, prácticamente, ya han tocado techo. Lo malo es que eso de subir los impuestos indirectos le puede traer a Zapatero muchos problemas y más de un quebradero de cabeza. Si vuelve a incrementar el del tabaco, se arriesga a que en España suceda como en otros países de la UE que están cargando mucho las tintas sobre este gravamen: la reaparición del contrabando de tabaco, del mercado negro, y la consiguiente pérdida de recaudación de entre un 5% y un 15%. Si, por el contrario, toca el impuesto sobre alcoholes, puede crear muchos problemas a las decenas de miles de agricultores cuyas cosechas se destinan a la producción de vino y bebidas espirituosas. Y si se le ocurre tocar el impuesto que grava las gasolinas, además de enfadar a los conductores y de crear un problema en sectores clave como el transporte, la agricultura y la pesca, se puede encontrar con que estaría echando más leña al fuego, ya que el petróleo está subiendo otra vez y amenaza con cortar de raíz los incipientes brotes verdes de la recuperación económica allí donde están naciendo (que, por desgracia, no es en España). En nuestro caso, lo que sucedería simple y llanamente es que la recesión volvería a cobrar más ritmo.

Por tanto, a Zapatero no le quedaría más que una alternativa, siempre y cuando nos movamos en el terreno de la lógica, lo que, dadas las circunstancias, puede ser mucho suponer. Esa alternativa sería, ni más ni menos, que subir el IVA. Pero eso le plantearía un serio problema al presidente del Gobierno porque semejante medida implica obligar a todo el mundo a empezar a asumir los costes de la crisis –en realidad, a quienes no lo estén haciendo ya, cosa que no sucede, por ejemplo, con los casi cinco millones de parados–, a perder poder adquisitivo y a darse cuenta de que los españoles son, y serán, más pobres. Semejante idea, probablemente, a ZP le produzca espanto; a los demás, lo que nos da pánico es lo que pudieran hacer unos sindicatos como los nuestros ante semejantes circunstancias, porque si ahora, en plena deflación, se niegan a que las subidas salariales no sobrepasen el 1% –lo que implica una buena ganancia de poder adquisitivo– en ese otro contexto pedirían la adaptación inmediata de los salarios a la subida del IVA (lo que con toda probabilidad desencadenaría una espiral inflacionista salarios-precios que acabaría por llevar a la ruina a este país). Y es que, le pese a quien le pese, Cándido Méndez sigue siendo el de siempre y, por desgracia, Toxo no es Fidalgo. ¿Qué va a hacer, entonces, Zapatero con los impuestos? Este es el quid de la cuestión.

Por el lado del gasto ocurre tres cuartos de lo mismo. Estos son tiempos de frugalidad para el sector público, para todo él: no sólo para el Estado, porque autonomías y ayuntamientos también tienen mucha tijera que meter a sus dispendios. Pero Zapatero ha hecho del gasto público y su crecimiento el eje central de su política económica; aunque, por desgracia, no se trata de gasto productivo sino de tirar el dinero a espuertas con medidas electoralistas y populistas como el ‘cheque baby’, los cuatrocientos euros, el Plan E o el café para todos en el fondo de reordenación bancaria.

Para Zapatero, por tanto, actuar con la lógica que requiere y exige la gravedad de la situación implicaría renunciar a todo lo que ha venido defendiendo hasta ahora. Por lo que estamos viendo con la escandalosa posibilidad de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, el presidente del Gobierno no se apea del burro ni aunque caigan chuzos de punta sobre la economía española. Él sigue erre que erre a lo suyo, sin ser consciente de que se ha perdido en el laberinto que él mismo ha creado.