La OCDE acaba de echar por tierra uno de los grandes mensajes económicos del presidente del Gobierno. En el pasado, Zapatero ha exhibido con orgullo que la economía española crecía por encima de la media de la Unión Europea para defenderse de las críticas hacia su inexistente política económica. Ahora seguía insistiendo en el mismo mensaje para acallar las críticas por la falta de respuesta del Ejecutivo a la crisis económica y a la gravedad de la misma. La OCDE, sin embargo, acaba de dejarle sin argumentario.
Lo que dice la OCDE, que España crecerá por primera vez por debajo de la Eurozona, que lo hará el 1,5 por ciento este año y el 1,3 por ciento el próximo, tiene mucha importancia. Este organismo multilateral, un club de las economías más industrializadas del planeta, jamás emite un informe sin que previamente su contenido haya sido consultado con los respectivos gobiernos afectados, los cuales pueden sugerir matices y modificaciones. Pues ni con esas el Ejecutivo ha conseguido que los cálculos de la OCDE respalden el mensaje de Zapatero, cálculos que, por otra parte, están en consonancia con los de la Comisión Europea. Bruselas no solo prevé que la economía española crezca por debajo del promedio de la UE sino que, además, constata que esto ya está sucediendo, después de publicar el martes las cifras de crecimiento económico de los 27 Estados miembros, entre los cuales la tasa española es la cuarta más baja de todas.
La lectura de semejantes datos tiene tres implicaciones fundamentales. La primera de ellas es que ya no se puede seguir argumentando que los problemas de la economía española son consecuencia de la crisis financiera internacional. Esta, por supuesto, influye, aquí y en el resto de Europa. Pero si solo fuera por eso, las cifras de nuestro país, tanto las del primer trimestre como las previsiones, serían mucho mejores y estarían en consonancia con el resto de la UE. La diferencia estriba en que aquí, además de la crisis financiera internacional, hay factores propios, como el estallido de la burbuja inmobiliaria, la mayor dependencia del petróleo, la ausencia de alternativas a la construcción como motor del crecimiento, el diferencial de inflación, el alto déficit exterior, que ya ronda el 10 por ciento del PIB, o la ausencia de política económica y reformas estructurales en los últimos años. Ahí reside la verdadera naturaleza de nuestros problemas, que son propios, no importados, y no en la crisis financiera, que no deja de ser un factor más dentro de la crisis, pero no el único ni el más importante.
La derivada de todo lo anterior, que es la segunda implicación, es que ha dejado en papel mojado la última rebaja de las previsiones económicas que acaba de realizar el Gobierno. Los cálculos de la OCDE, como los de la Comisión Europea, no solo ponen en entredicho las cuentas que realiza el equipo de Pedro Solbes. Es que, además de desmentirlas, aumenta la desconfianza sobre la economía española y el Gobierno, un Ejecutivo incapaz de reconocer la realidad. Todo esto lo tienen en cuenta los inversores internacionales, no solo los financieros sino también todos aquellos que se plantean abrir fábricas y oficinas fuera de su país de origen. España viene perdiendo desde hace algunos años puestos en la clasificación internacional de países más atractivos para la inversión extranjera. Con esta política de tratar de ocultar la realidad de la crisis y su posterior desmentido por los organismos internacionales, perderá más puestos aún porque el mensaje que están percibiendo los inversores internacionales es que aquí las autoridades no dicen la verdad, lo que constituye un factor de riesgo para las inversiones.
La tercera implicación es que por primera vez, después de quince años avanzando en la convergencia real con la UE, o sea, acercándonos en nivel de renta, España va a empezar a perder terreno. Y lo malo no es que lo pierda durante un ejercicio o dos; lo malo es que puede estar haciéndolo durante bastante tiempo y ahora ya no tenemos tanta ayuda de la Unión Europea como en los últimos veinte años para conseguir acortar esas distancias con tasas de crecimiento superiores al promedio comunitario. Esos fondos son menos, porque tras las dos últimas ampliaciones son muchos más países, y mucho más necesitados que España, los que entran en el reparto de la tarta, y también porque los niveles de convergencia alcanzados en el pasado reciente han hecho que, de acuerdo con las normas de los fondos estructurales y el fondo de cohesión, España pierda el derecho a seguir percibiendo tanto dinero como antes de ellos.
Todo ello debería suscitar un profundo ejercicio de reflexión en el seno del Gobierno acerca de los mensajes oficiales sobre la crisis y las medidas que debe tomar para afrontarla. Ya no vale seguir negando la realidad porque hay otros que se encargan de sacarla a la luz, ya no vale seguir diciendo que creceremos más que la UE porque no es verdad, ya no vale culpar a la crisis financiera internacional o al petróleo de nuestros problemas porque nuestros problemas son eso, nuestros. Aquí ya solo vale admitir las cosas como son y empezar a trabajar seriamente en resolverlas, haciendo lo que hay que hacer. Lo que no sirve es mandar mensajes de supuesto optimismo en medio de la tormenta, ni anunciar medidas por anunciar medidas; lo que sirve es empezar a actuar mediante las reformas estructurales que necesita la economía española. Es el único camino para salir de la que se nos está viniendo encima.