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El túnel

Controlar la información

Con inmenso estupor asisto al episodio de la creación e inicio de actividades de un organismo, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, dedicado al ejercicio de la censura informativa. Realmente, ignoro si es mayor mi estupor por verlo creado, por constatar su execrable existencia, o el debido a la falta de reacción aparente que observo en la mayoría de mis conciudadanos, rayana en el desinterés y la resignación total ante lo que pueda venir. La rápida reacción del Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), a través de carta del 23 de Diciembre (de lectura más que recomendable) solicitando a la Generalitat y al Parlament de Catalunya el desmantelamiento del vergonzante organismo no deja lugar a dudas de ningún género: nos hallamos ante la más brutal recaída antidemocrática de la reciente historia de este país, algo “cuya mera existencia”, citando textualmente la carta, “se estrella de plano contra las normas democráticas y de libertad de expresión aceptadas por la Unión Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo”.

Sin embargo, la cosa está lejos de acabar ahí, y todavía tenemos que asistir a cómo un ministro del gobierno se despacha diciendo que prepara una ley audiovisual a imagen y semejanza de la catalana. ¡Y su superiora jerárquica, la vicepresidenta del gobierno, va, lo apoya, y se proclama una “defensora a ultranza de la libertad de expresión”! Digo yo que será defensora de “su” libertad de expresión. Aquí, como en “Rebelión en la granja”, de Orwell, somos todos iguales, pero unos son claramente más iguales que otros.

¿Alguien se ha parado a pensar de qué estamos hablando aquí? ¿Pero es que nadie se da cuenta de hacia dónde vamos? Por favor, hagan la prueba. Despacio, muy despacio, paladeen las palabras “cen-su-ra gu-ber-na-men-tal”... Imaginen un país en el que el encargado de decidir si yo puedo escribir o hablar sobre un tema determinado no sea un juez sino, ¡el gobierno! ¿Dónde están los más elementales principios de la separación de poderes? ¿En qué democracia vivo cuando se puede ejercer la represalia contra aquellos que dicen cosas que no gustan al gobierno de turno? ¿Quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. En cualquier país demócrata civilizado, el mero hecho de pretender o anunciar la intención de crear algo remotamente parecido al Consell de l'Audiovisual de Catalunya debería ser motivo de dimisión del político de turno por manifiesto comportamiento antidemocrático. Aquí, lejos de tener alguna connotación negativa, el comportamiento anima a la creación de un ente superior a nivel estatal. Y aquí no se despeina nadie. Nos parece de lo más normal. De verdad, se me está cayendo todo, todo al suelo, hasta las convicciones democráticas más profundas...

El control de la información es una de las características más representativas de las dictaduras. Siempre que un gobierno pretende ejercer su poder contra el pueblo, busca métodos para controlar la información que éste puede llegar a recibir, para asegurarse el manejo de la situación. Es el mismo tipo de obsesión que surge con el control de la televisión cuando hay un cambio de poder: es preciso poner al mando de los vehículos comunicativos a personas afines que impidan la difusión de mensajes contrarios a los intereses del poder. Normalmente, se hacía con “cierto” interés por guardar las formas, por evitar parecer lo que uno no es. Además, con ejercer control sobre la televisión, se aseguraba la influencia sobre la amplia mayoría de la población, y esto era suficiente. Las cosas, sin embargo, han cambiado. Ahora, una porción cada vez más representativa de la población alimenta sus necesidades informativas con un número mayor de fuentes, que incluyen televisión, pero también radio, periódicos, revistas y, como no, Internet. ¿De verdad se creen que el ya demostrado y patente ímpetu censor del gobierno se va a quedar en la televisión y la radio? No, ni mucho menos. Nos dirigimos a un escenario patéticamente antidemocrático, en el que todo lo que un ciudadano exprese a través de un medio de comunicación –e Internet indudablemente lo es– podrá tener su respuesta inmediata por parte del órgano censor correspondiente, que será además un órgano ejecutivo. Imagíneselo, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, cierra una emisora aquí, ordena una hora de fundido a negro en pleno prime time por allá, cierra esta web, entra a saco con tus funcionarios en donde creo que los delincuentes alojan sus páginas... ¿Qué ocurrirá cuando los censurados, lejos de ser una empresa de medios, seamos las personas, los ciudadanos? Y no lo olviden, hablamos de José Montilla, el mismo personaje que el pasado 20 de Mayo dijo textualmente, refiriéndose a la información en Internet, “...se crean ex novo nuevos productos de dudosa utilidad y legalidad, como es el caso de algún tipo de confidencial o bitácora...”

Ministro, yo tengo una bitácora, y escribo en ella lo que me da la gana, ejerciendo mi libertad de expresión. Si un día difamo a alguien o miento, serán los tribunales los que deberán demandarme la oportuna sanción y/o medida correctora. Los tribunales, no usted. Ministro, sabemos que le molesta Internet, y ha dejado asimismo patente que le molesta, y profundamente, la libertad de expresión. Juntemos ambas cosas, y sabremos lo que se nos viene encima. La obsesión enfermiza por controlar la información puede llevarnos a una de las mayores locuras antidemocráticas que hayamos vivido nunca en este país. Es preciso pararlo ya. Hoy es la COPE. Mañana, cualquiera de nosotros.

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