La revista “Ardi Beltza” del exjefe del equipo de investigación de “Egin”, Pepe Rei señaló a Antonio Burgos como la voz “más beligerante de Interior en Andalucía”. García Gaztelu, asesino material de Miguel Ángel Blanco, dio la orden de matar al periodista. Jon Igor Solana y Harriet Iragi Gurrutxaga se apostaron tres días para asesinarlo. Eso es nuevo periodismo de investigación de la peor especie: donde se pone el ojo se pone la bala.
La misma revista de Pepe Rei, se supone que la voz más beligerante de Eta, demostró un inusitado interés por un pueblo de Valencia. En un reportaje se marcaba como objetivos al alcalde socialista, al jefe de la policía local y al director de una empresa de seguridad privada. Unos meses después se sabe, merced a las declaraciones de dos lectores de la revista, que el interés por Paterna no obedecía a ninguna intención de aumentar las ventas en dicha localidad (unas manos anónimas buzonearon el reportaje por todo un pueblo en el que en las europeas hay una porción de votos a Hb, una masa crítica para producir informadores), sino a una unidad de acción con los citados psicópatas Solana e Iragi (sus queridos lectores).
De cualquier explicación a las dos coincidencias, sirve menos la de la casualidad. ¿Forma parte de la libertad de expresión marcar objetivos o mantener una unidad de acción con una banda terrorista? No es el único dato en los últimos días que muestra una persistente falta de sentido común en la actuación contra el terrorismo desde un Estado de Derecho que con alguna frecuencia parece estúpido.
Presos convictos y confesos de masacres como la de Hipercor, amenazan en una carta a funcionarios de prisiones, en la que denuncian “la sangrienta y política medida de la dispersión”. Dejo al margen el absurdo semántico de mentes pervertidas que sí han hecho correr sangre inocente. Me parece más relevante que estos asesinos amenazan y marcan objetivos desde la cárcel que abandonarán en un plazo máximo de veinte años, a pesar de esas estúpidas condenas de cien y mil años, con las que nuestro sistema penal y judicial trata de engañarse a sí mismo y engañar a los ciudadanos.
En el Parlamento europeo, los representantes populares protestan por las intervenciones del eurodiputado de Hb con continuas referencias al terrorismo de Estado. Pero Hb es un partido legal que hace campaña con ese discurso. ¿No será que los eurodiputados del PP piden en Estrasburgo lo que no se atreven en España, o sea, la ilegalización de Hb?
Con esta serie de indicios de que el Estado de Derecho español tiene un déficit de sentido común, haciendo bueno aquello de que es el menos común de los sentidos, no es extraño que la polémica derive hacia la negligencia del delegado del gobierno en Andalucía a la hora de destinar escoltas a objetivos marcados.
No sé exactamente qué pruebas hacen falta para considerar a Pepe Rei como un presunto colaborador con banda armada, ni es fácil entender por qué se soslayan sistemáticamente evidencias de forma que la repetida frase, tan sólida como certeza moral, de que Eta y Hb son lo mismo no tiene consecuencias jurídicas de ningún tipo. Ni tampoco es fácil de entender por qué el Gobierno “acercó” precisamente a los presos que ahora amenazan a los funcionarios como gesto de buena voluntad durante aquel nefasto episodio de la negociación de la banda terrorista, que por un tiempo fue calificada al más alto nivel como organización armada, en error no sólo de diagnóstico sino de falta de ese sentido común.
La unidad de los demócratas, que está en la sociedad antes que en los políticos, pasa necesariamente por recuperar el sentido común.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro