El secesionista acuerdo del Parlamento autónomo vasco, aprobado con los votos de EA-PNV, IU y gracias a la abstención de Eta-Batasuna, es un acto ilegítimo y anticonstitucional. Hasta el momento no se quieren ver las consecuencias, bajo la retórica huera del diálogo como tótem, tan cara a todas las beaterías. Pero es un golpe de Estado, al que únicamente faltan las etapas de desarrollo, cuya cuenta atrás empieza el 12 de septiembre (se ha obviado el 11 para no coincidir con Ben Laden, con el que, en tanto integristas, hay similitudes). Al margen de las estrategias para cargarse de razón, el Gobierno tendrá –se verá obligado– a hacer frente a esta intentona golpista que pone en riesgo la unidad nacional, el principio del que extrae la Constitución su propia legitimidad.
El Parlamento navarro ya ha denunciado el contenido imperialista y colonialista que se explicita en el manifiesto golpista. La Constitución es muy clara en considerar “indisoluble” la unidad de España e “indivisible” su integridad territorial. También que la soberanía reside en el Parlamento nacional, participando los autonómicos por delegación, pero no siendo en ningún caso soberanos. Garantizar esa unidad, núcleo de la convivencia, fundamento de los derechos y libertades de los ciudadanos nacionales, acogidos a su territorialidad, está bajo la tutela de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del rey. Es decir, se trata de una serie de obligaciones que superan a los autores, y que son el consenso previo sobre el que se basan los diversos poderes del Estado. Al margen de que la historia de la transición es la de la cesión permanente, la Constitución deja bien claros los límites de esa cesión. Y éste es el caso.
Ante un posicionamiento secesionista, al margen de retóricas, el Gobierno está obligado a cumplir y hacer cumplir la Ley, con los instrumentos del Estado de Derecho –el artículo 155 que se refiere a la deslealtad institucional– y con el monopolio de la violencia, si tal fuera el caso. El acuerdo del Parlamento autonómo vasco es un acto ilegítimo que deberá ser contestado –aunque en el momento actual parezca que prefiere no verse–, si ello fuera preciso, con la derogación de la autonomía y de sus instituciones, para dar paso, tras unas nuevas elecciones, a un gobierno legítimo. Porque el Parlamento autónomo y el Gobierno vasco han entrado ya de hecho en el terreno de la ilegitimidad de ejercicio.
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