Sea por la vanidad del personaje, incapaz de ceder protagonismo, sea por coherencia en los principios, Baltasar Garzón no sólo se ha adelantado al Parlamento, sino que ha hecho algo tan sencillo como dar un tajo al nudo gordiano, sin entretenerse en desliar la madeja. La cuestión, al margen de circunloquios, es que Batasuna no es otra cosa que ETA. Eso hace accesorio el persistente debate sobre los sentidos de los silencios clamorosos. Es mucho más evidente el grito habitual de “ETA, mátalos”.
El gesto de Garzón pone en berlina muchas cosas. También al sistema judicial, en cuanto que la ilegalización de Batasuna por la vía de la Ley de Partidos es la consecuencia de muchas cesiones de la Judicatura, de la inexistencia de un Estado de Derecho comprometido. Hay sentencias recientes bien significativas en el sentido apuntado. Y nadie las tiene todas consigo respecto a la Sala Especial del Tribunal Supremo.
Batasuna es ilegal no porque se la ilegalice, como voluntad política, sino porque de hecho lo es, porque no es otra cosa que la banda terrorista utilizando en pro del asesinato los beneficios del sistema. Entre otros, los económicos. Es obvio que el Gobierno de Ibarretxe la subvenciona generosamente, puesto que gobierna gracias a ella, en muchos sentidos, también en el estrictamente parlamentario.
La vía penal de Garzón pone en evidencia las dudas metódicas y los argumentos de leguleyo de los nacionalismos periféricos y de la declinante Izquierda Unida, porque entra dentro de los sencillos silogismos lógicos de la estricta realidad: si Batasuna es igual a ETA, y la cuestión cae por su propio peso, es una obviedad que no precisa demostración, aunque ésta sea persistente, Batasuna ha de ser tan ilegal como ETA. Incluso antes de un debate de eficacia en la lucha contraterrorista, lo es sobre los principios, sobre el sentido común y los fundamentos del Estado de Derecho. No puede ser legal promover el asesinato. Sean muchos o pocos los homicidas.
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