Es de estricta racionalidad estar de acuerdo en la frase “ETA y Batasuna son lo mismo”. En fechas recientes, ha sido repetida por el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y por el ex ministro, Jaime Mayor Oreja. Pero si A es igual a B, no se entiende por qué A es ilegal y B es legal. De hecho, Batasuna no es otra cosa que la ETA política, presente en los ritos electorales para conseguir utilizar los beneficios del sistema –incluida la financiación– con el fin de destruirlo. Batasuna promueve el terrorismo, marca los objetivos y aporta los pistoleros y las pistoleras en un proceso de cantera sin solución de continuidad.
Es el Estado de Derecho mismo el que padece por esta absurda esquizofrenia, y por supuesto esto multiplica las víctimas, pues las tareas de reclutamiento de la banda son facilitadas y una parte de su infraestructura es financiada con cargo a los fondos públicos en forma de sueldos de concejales, ayudas electorales o con las generosas subvenciones de Ibarretxe. No se trata, por supuesto, de ilegalizar a Batasuna para que a los días se llame Herri, siendo los mismos perros con idénticos collares. Ese juego esperpéntico de las siglas, como en el caso de las juventudes, se debe a que para ilegalizar es preciso establecer la pertenencia a ETA. Una ficción porque son lo mismo.
Existe una figura –muy clara desde el 11 de septiembre, muy evidente en la relación entre Al-Qaeda y los talibán y sus madrasas– que es la del grupo proterrorista. Los grupos proterroristas deben ser ilegales, por la sencilla razón de que de hecho lo son, combaten no sólo la legalidad, sino la misma civilización, pues el mal absoluto es el terrorismo. Grupo proterrorista es el que promueve y colabora con el terrorismo. Es aquel que considera la lucha armada o asesinato político como una estrategia legítima y desarrolla labores de logística política, como la promoción de ambientes ideológicos para la captación de nuevos terroristas. Más grave aún, como es el caso, resulta la existencia de canales comunes de financiación.
En contra de la ilegalización de Batasuna se cita un dato cuantitativo: el apoyo de una parte del electorado manifestada en las consultas electorales. Pero la existencia de una minoría favorable al crimen no debe llevar en ningún caso a considerar el homicidio legal, ni tampoco a permitir formaciones políticas promovidas, por ejemplo, por los sicarios de los carteles colombianos para conseguir despenalizar los crímenes en ajustes de cuentas. De hecho, una parte de ese apoyo es fruto del miedo coactivo en los pequeños pueblos de las zonas rurales.
Ese argumento es inmoral. Se basa mucho menos en la prudencia política de lo que parece, pues de manera muy clara Batasuna sirve para la regeneración constante de ETA. Si la fuerza del Estado de Derecho estuviera donde debe estar –en la persecución de los proetarras–, estos no podrían desarrollar con facilidad el proceso de entrar en las juventudes, luego “legal” como concejal de HB para pasar a la clandestinidad –hay casos que ni eso, siguen siendo concejales– como terrorista de tiro en la nuca o coche bomba. Batasuna es terrorismo en potencia de pasar a acto, o sea a ETA. Es decir, una forma de movimiento hacia el crimen. Cuanto antes se ilegalice a los grupos proterroristas menos víctimas habrá.
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