Que la Constitución es reformable resulta una tautología. Se insiste en ello desde el nacionalismo y su quintacolumna “bienpagá” como idea de flexibilidad ideológica, sugiriendo que la defensa de la estabilidad constitucional es una manera de anquilosamiento. Nuestra Constitución, por supuesto, no es la perfección. Resulta demasiado prolija. Sitúa posibilidades como derechos, y buenas intenciones como obligaciones. Podría modificarse en muchos aspectos, incluso tan centrales, como monarquía o república.
La cuestión es que quienes hablan de reforma constitucional, evitando concretar, lo que cuestionan es la existencia no de esta Constitución, sino de cualquier Constitución, de cualquier marco, porque lo que pretenden es la eliminación de España como sociedad abierta y proyecto común. Pretenden convertir la secesión en un derecho para facilitar una serie de proyectos autoritarios o nítidamente totalitarios. No plantean una reforma constitucional, sino una ruptura, o de manera traumática y violenta, como proponen los terroristas, o por plazos, como la ultraderecha nacionalista y un sector del socialismo exespañol.
El caballo de Troya del programa mínimo es la insistencia en la reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial. La cuestión es que el Senado ya es una cámara territorial. La representación es por territorios. A lo mejor lo que se quiere es que sea una cámara de representación de repúblicas sovietizadas. Una reforma real del Senado implicaría ir hacia una cámara de segunda lectura, pero ello afecta al modelo de partidos existente. Es decir, sería intensificar la autonomía de los senadores respecto a las formaciones políticas.
No hay ninguna Constitución que contemple la secesión, pues ello es la negación del mismo contrato social subyacente. Pretender que la solución para el País Vasco sería una reforma constitucional es jugar a la manipulación de la opinión pública a través de los eufemismos y los groseros ejercicios de ocultación. Situado el País Vasco en cuotas elevadas de autogobierno, esa supuesta reforma sólo podría establecerse en términos de que la Constitución dejara de tener validez para una parte del territorio nacional, y por ende para el resto. No sería una vuelta al franquismo, sino a etapas pretéritas, que ni tan siquiera están en la memoria histórica actual. Algunos progres son bastante medievales. Sería, en los términos de la realidad, permitir la lesión de los derechos personales, que la Constitución ampara, y esa es su virtud, en zonas geográficas de lo que hoy es una sociedad abierta, con manifiesto respeto al pluralismo. Sería dar carta de naturaleza a proyectos excluyentes, basados en canones culturales y étnicos.
Los que ahora hablan de reforma constitucional lo están haciendo, en el fondo, de ruptura, de destrucción del marco, de odio a la libertad personal en nombre de una mezcla de quimeras xenófobas y de intereses mercantilistas.
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