La detención del director de Ardi beltza, Pepe Rei plantea una cuestión más general como es la utilización de los beneficios del sistema democrático para favorecer las actividades de la banda terrorista, lo que al final concluye en el asesinato de personas inocentes. Se ha avanzado en el criterio de que los terroristas de los comandos no son unos violentos espontáneos, únicos responsables de la acción, sino que son el último eslabón de una cadena jerárquica, con diferentes grupos de apoyo, que teorizan los asesinatos, marcan los objetivos, dan pistas y avisos sobre las víctima y difunden de inmediato las detenciones para favorecer la huida de los que no lo han sido. El tiro en la nuca, la bomba-lapa y el coche-bomba no serían posibles sin ese entramado que se ampara en actividades legales y utiliza principios como la libertad de expresión para imponer la tiranía del terror y acabar con la toda libertad, incluida la de expresión.
Desde las experiencias totalitarias del siglo XX se sabe que la tolerancia ha de tener un límite necesario en la violencia y en su apología; que la democracia ha de ser tolerante a cualquiera que contemple la alternancia en el poder, pero no a quienes, y más con métodos violentos directos, plantean la supresión de la libertad personal. Es la intolerancia contra los intolerantes, de la que hablaba Karl R. Popper, como corolario de sentido común.
La detención de un señor siniestro que presuntamente marca objetivos a los etarras, plantea incluso un problema tan profundo o más como el reseñado, y se refiere a la legitimidad de las subvenciones que el entramado etarra --los grupos que se proclaman inmersos en un único movimiento de liberación nacional vasco, según la rancia terminología marxista-leninista-- recibe de los presupuestos del gobierno vasco y de aquellas instituciones --como las Juntas Generales de Vizcaya y Guipuzcoa-- gobernadas por los partidos nacionalistas firmantes de Estella/Lizarra. ¿Esas subvenciones multimillonarias no son una subvención indirecta a la propia Eta? ¿No se presta un considerable servicio a la banda terrorista teniendo que despreocuparse de la financiación de su hólding? Con la dificultad para controlar las subvenciones públicas en todas las instituciones, ¿alguien puede poner la mano en el fuego porque una parte de ese flujo multimillonario de dinero público --de los contribuyentes, también de los constitucionalistas, también de las víctimas-- no vaya a la financiación de la actividad terrorista como tal?. Esas preguntas establecen una corresponsabilidad del PNV superior a la identidad en los fines con Eta, tan proclamada por Xabier Arzalluz. Establece una complicidad en los medios --las cúpulas de algunas de esas organizaciones tan subvencionadas están ahora mismo en la cárcel acusadas de pertenecer a Eta-- y en aspecto tan fundamental como la financiación.
Incluso plantea el hecho de si cualquier ejecutivo en el que esté el PNV tiene capacidad de maniobra para combatir el terrorismo, cuando indirectamente se mantienen pactos con tales contrapartidas con los “compañeros patriotas” de Hb y firmados con la propia Eta --como hizo público la banda terrorista. ¿Cómo el sheriff puede imponer y respetar la ley cuando pacta con los cuatreros? Esos acuerdos contemplan la superación del marco legal, ¿cómo pueden un lehendakari y un consejero de Interior del gobierno vasco perseguir a los mismos con los que pactan y les sostienen en la poltrona? ¿Cómo puede el PNV pretender subvertir el orden público --como explicitan sus pactos-- y al tiempo ser el garante de él en las calles, como corresponde a todo gobierno en un orden civilizado? Son muchas preguntas que tienen respuestas fáciles desde el sentido común, pero ya se sabe que es el menos común de los sentidos, sobre todo en un ambiente enrarecido por los climas de Estocolmo que genera la violencia genocida.
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