El Gobierno ha enviado al Parlamento un “Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre de liberalización de la televisión por cable y del fomento del pluralismo”.
Este Proyecto ha concitado una reacción virulenta de buena parte de los actores principales del mercado audiovisual por dos razones principales. La primera, porque a pesar de mostrarse disconformes con su redacción, el Ministerio, en un ejercicio de manipulación calculada, había declarado que contaba con su beneplácito y su adhesión entusiasta. La segunda, porque supone una gran amenaza con el actual statu quo que tan provechoso resulta para su cuenta de resultados. (Con cifras de ingresos y beneficios históricos para Antena 3 Y Tele 5).
Aparentemente, esta reacción, pues, podría considerarse la de un cártel de empresas preocupadas porque el proyecto de Ley de tan ambicioso título pudiese realmente liberalizar el mercado y franqueando la entrada a nuevos operadores recortar sus cuotas de audiencia y sus márgenes. Para los ciudadanos en general, por lo tanto, estaríamos a las puertas de un escenario estupendo, en línea con el nuevo Edén que el sonriente Presidente nos viene anunciando.
Pero una lectura cuidadosa del Proyecto de Ley y del resto de los anuncios del Ministro de Industria, responsable de la regulación radioeléctrica permiten discernir las verdaderas consecuencias de su modelo audiovisual.
No cabe duda que la televisión digital terrestre, que a la larga supondría la sustitución de la actual tecnología analógica por otra de naturaleza digital conforme a los estándares aprobados en la Unión Europea, es una magnífica oportunidad para mejorar la calidad de la señal recibida, aumentar el número de programas disponibles y liberar el hoy escaso espectro para otras utilidades. En definitiva, una magnífica oportunidad. Veamos, sin embargo, en qué consiste el modelo del Gobierno Zapatero.
Podemos remontarnos al anuncio realizado en diciembre por el Señor Montilla sobre las “Medidas de impulso a la televisión Digital terrestre” que planeaba y que finalmente han sido recogidas en el Proyecto de Ley y que se resumen en las siguientes, copiadas literalmente de la página web del Ministerio:
– Modificación antes del verano de 2005 del Plan Técnico Nacional de Televisión Digital, mediante Real Decreto.
– Asignación a la mayor brevedad de frecuencias para nuevos programas (libres por la desaparición de Quiero TV) en digital terrestre de cobertura estatal, para alcanzar una oferta de catorce programas de cobertura nacional.
– Inicio de las emisiones de los nuevos programas de cobertura estatal en otoño de 2005.
– Adelanto de dos años en la fecha límite del periodo de transición a la Televisión Digital Terrestre. El apagón analógico se efectuará a principios de 2010 en lugar del 1 de enero de 2012.
– Coordinación de las fechas de lanzamiento de las televisiones de ámbito nacional con las autonómicas y locales digitales. Las fechas previstas son: autonómicas a partir de enero de 2005, nuevos programas nacionales en otoño de 2005 y locales desde agosto de 2005 a 1 enero de 2008.
Finalmente, el Ministro presentó a bombo y platillo en el Congreso de los Diputados el mencionado Proyecto de Ley.
En este documento no se encuentran , sin embargo, las medidas antes citadas. Así, el Proyecto nada dice relativo a la modificación del Plan Técnico (primer anuncio) ni del modelo de asignación de los canales de ámbito nacional asignados a Quiero TV (segundo anuncio) ni que los canales otorgados para la gestión indirecta por las CCAA empiecen en diciembre de 2005 (tercer anuncio). Tampoco se adelanta el apagón analógico (cuarto anuncio). El quinto anuncio en sí mismo no planteaba más que fechas “a partir de las cuales...” por lo que tampoco puede considerarse una medida de impulso en sí misma.
Así las cosas, ¿qué medidas de impulso a la televisión digital (y de fomento del pluralismo) plantea el Proyecto de Ley?
En primer lugar, una adaptación de la actual normativa referente a los límites de concentración en el sector audiovisual, orientado a consolidar el actual panorama radiofónico español, marcado por una clara e ilegal posición de dominio de la SER que ni siquiera el propio Tribunal Supremo pudo corregir por la pasividad del anterior Gobierno. El nuevo, más diligente, en vez de hacer cumplir la sentencia del alto tribunal, en su primera medida sectorial simplemente adaptará la ley para ajustarla a la situación ya de facto consolidada. Sin duda, autorizar una concentración radiofónica que garantiza un control por el Grupo Prisa de la mitad del dial supone, a juicio del Gobierno la mejor y más necesaria medida para el desarrollo de la televisión digital y de la pluralidad informativa
¿Qué más aporta el Proyecto para la TV digital? Por ejemplo, permitir a los ayuntamientos que puedan gestionar directamente nuevos programas de TDT, en número de dos por múltiplex (lo que significa la mitad de los programas) medida sin duda pintoresca a la vista del estado de las finanzas municipales y desde luego de impacto demoledor para los empresarios que pretendan explotar un programa de televisión local, si tienen que competir además de con los demás canales de cobertura nacional y autonómica con los ayuntamientos de su localidad.
El Proyecto nace simultáneo al anuncio efectuado por el Presidente del Gobierno de abrir la puerta a dos nuevas licencias analógicas de cobertura nacional. Nada mejor para impulsar la televisión digital que otorgar dos canales analógicos adicionales. Lamentablemente, no se admiten apuestas sobre qué Grupos de comunicación recibirán la codiciada presa. Solo apuntaremos que Prisa y Grupo Z han felicitado al gobierno por su iniciativa.
Pero de las sucesivas declaraciones* del titular de Industria podemos anticipar algunas otras medidas para el futuro.
La primera, nuevas licencias digitales para las Comunidades Autónomas, sobre todo para que las de corte más nacionalista puedan gestionar directamente hasta ocho programas digitales.
No resulta difícil vislumbrar el previsible impacto de la combinación del actual Proyecto de Ley, si finalmente resulta aprobado en su actual redacción, y de las medidas políticas anunciadas en un sector que ante todo es un mercado y como tal debería responder a las reglas de la competencia.
A mi parecer es evidente que el modelo que finalmente resulte va a dominar el escenario audiovisual de las próximas décadas y que el Proyecto de Ley y los anuncios del Señor Montilla permiten claramente conocer los elementos esenciales del diseñado por el actual Gobierno y que podíamos resumir así:
La posibilidad de otorgar catorce nuevos programas digitales de cobertura nacional (además de los dos actuales de Veo y Net TV y de los correspondientes a Antena 3 y Tele 5, los dos de RTVE y Canal +). Un amplio número de programas de carácter local, asignados por las Comunidades autónomas, (recordemos que la mitad pueden ser reservados para la gestión directa de los Ayuntamientos) junto a un cierto número (en general entre 2 y 4 por Comunidad) de cobertura regional y sobre todo, hasta 8 programas gestionados directamente por las Comunidades con gobiernos más nacionalistas. Entretanto, el Presidente anuncia dos nuevos canales analógicos de ámbito nacional.
A mi parecer, el actual Proyecto de Ley no es el que el sector esperaba para despejar las incertidumbres vinculadas a la transformación tecnológica y a la apertura a nuevos operadores. Se echan de menos las medidas para el despliegue de los nuevos operadores y la migración de los actuales, un compromiso firme del Ministerio para apoyar la instalación de las cabeceras de las antenas colectivas, una divulgación adecuada de las ventajas de la nueva tecnología y un apoyo claro a los fabricantes y distribuidores de equipos.
No resuelve un aspecto tan importante como las fechas, sobre todo porque la prevista aprobación por vía de urgencia no parece que vaya a ser posible, lo que extiende todos los plazos hacia el futuro
Tampoco es coherente con los principios de un mercado en competencia, ni permite aclarar el modelo finalmente perseguido, al no resolver el destino de las frecuencias asignadas a Quiero Televisión. Por último, los nuevos canales municipales y los anuncios de Montilla sobre el gran número de programas públicos autonómicos son un factor inquietante desde el punto de vista de las finanzas públicas y anuncio de seguras distorsiones en el mercado. Demasiada televisión pública, sobre todo para ser explotada por administraciones que más deberían de preocuparse del servicio a los ciudadanos que a enredar con la televisión.
En definitiva, muchos anuncios, poco trabajo y sobre todo, desenfocado, si lo que se anunciaba en relación con el impulso a la televisión digital y la pluralidad informativa se limita a lo contenido en el Proyecto de Ley.
Eugenio Fontán Oñate es Ingeniero Superior de Telecomunicación
* Declaraciones efectuadas por el Ministro de Industria en la Universidad Menéndez Pelayo en septiembre 2004 y recientemente en el Encuentro AETIC de febrero 2005.
