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Eva Miquel Subías

Cuando se tambalea lo esencial

con la que tenemos encima la manía persecutoria la dejaría aparcada para otra ocasión. En serio.

A ver. Les pongo en antecedentes. Esta semana, junto a nuestra mediterránea tostada con tomate y aceite, hemos desayunado unas declaraciones del secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat poniendo en duda “la motivación política” del CNI al respecto de la orden de expulsión del presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña, Noureddine Ziani, cuya vinculación a Convergència Democràtica de Catalunya es evidente a través de la Fundació Nous Catalans.

Es decir. Durante más de tres años, el Centro Nacional de Inteligencia investiga a un señor, que ya había sido expulsado previamente de otro país europeo por fomentar el salafismo radical, para llegar a la misma conclusión. Y es que hay que proceder a la expulsión de este tipo, en aras de velar por nuestra seguridad.

Bien. Hasta aquí el breve resumen de los hechos. Ignoro en profundidad los mismos. Plasmo aquí lo que he podido leer y recabar de unas y otras informaciones. Pero vamos. Si yo fuera un miembro del Govern, daría las gracias, en primer lugar, por alertarme de según qué personajes tengo entre mis filas. Después, me sentaría con algunos de esos responsables para estar informado en todo momento. Y por último apoyaría sin fisuras el informe que surgiera de una institución como la del CNI, que, tras todo el tiempo que ha dedicado a la investigación, suponemos algo más de rigor que el desprendido de las declaraciones de algunos de mis queridos paisanos.

Pues no. Lo que se pone en duda, con turbadora frivolidad, es la motivación política por el hecho de que el marroquí en cuestión pida a sus colegas que apoyen la independencia. Más allá de la sofisticación de la causa en sí entre los ciudadanos marroquíes –y que es muy respetable– lo que vuelve a sorprenderme es la visión tan ombliguil del asunto. Una vez más.

La seguridad de los catalanes queda a un margen. Porque aquí lo que parece importar es el trasfondo político. Y es que quizás, creerá el ladrón que todos son de su condición. Digo yo.

El problema es la institucionalización de este tipo de comportamiento. Al carajo la lealtad institucional, la cortesía, la diplomacia. Al carajo todo lo esencial en una sociedad democrática. Y eso, además de mi seguridad, también me inquieta y preocupa. Y mucho.

Ayer mismo, el ministro del Interior realizó unas contundentes declaraciones al respecto. Aseguró, además, que al gobierno “no le iba a temblar el pulso con aquellas personas que atentan contra la seguridad del Estado promoviendo actitudes que tienen que ver con el terrorismo internacional, como es el caso, para que sean expulsadas de España”.

Y lo celebro. Francamente. Porque mi seguridad y la de mi familia que reside en Barcelona, está en juego. Y no creo que un organismo como el CNI pierda el tiempo durante tres años en investigar a alguien por el hecho de pensar de una determinada manera o de simpatizar con una u otra formación política.

Creo yo, vamos. Llámenme ingenua, si quieren. Pero con la que tenemos encima la manía persecutoria la dejaría aparcada para otra ocasión. En serio.

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