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GUATEMALA Y LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

La lógica del presidente

Mauricio López Bonilla

Una sola palabra... ¡Despenalización! Para llamar la atención sobre la necesidad de revisar la ortodoxia en la lucha antinarcótica en la región, se ha convertido, en un abrir y cerrar de ojos, en un elemento de polémica no sólo regional, también hemisférica y extracontinental.

Más allá del revuelo político parcelario, con el que aún se caracterizan algunos liderazgos miopes en Centroamérica, el impacto se mide en otros ámbitos, sobre todo el intelectual. La intención es simple: evaluar, diseñar y actuar, lo contrario constituye necedad.

Acostumbrados a solo extender la mano y a doblegar la cerviz, pareciera imposible asumir otro tipo de actitudes; buscar rutas alternas, plantear nuevos escenarios, imaginar nuevas acciones o tan solo hacer un llamado al diálogo. Nada de esto constituye una opción para los agoreros, más si parece ir contracorriente. No obstante, a contrapelo de ese lastre ancestral, no se debe perder de vista que el poder político de las naciones exige decisiones con firmeza, en consideración a una soberanía mínima que es menester ejercer.

Desde esa perspectiva, Otto Pérez Molina plantea la necesidad de abordar el análisis del problema en función de los intereses de la población, bajo la primacía de la seguridad humana, con el propósito de promover acciones conjuntas, integrales y cooperativas, desde una visión de administración de riesgos. En ese sentido, la correcta identificación de las amenazas, la definición de las vulnerabilidades y la valoración de su criticidad para establecer el nivel de riesgos abre un nuevo contexto regional de interpretación, en cuanto a impacto y tratamiento, en la lucha contra la narcoactividad.

Bajo el concepto de responsabilidad diferenciada, el presidente defiende con vehemencia que el gran desafío comienza por dialogar, para aceptar como punto de partida que no son las mismas circunstancias las que caracterizan el problema en toda la región. No es la misma situación la que prevalece en el área de producción, en el Sur; la de la zona de tránsito, el Centro, y la del gran mercado de consumo, el Norte. Razonable es entonces, ante condiciones profundamente asimétricas, aceptar que no se tiene la misma responsabilidad frente al fenómeno, y, en consecuencia, que no se puede ni se debe enfrentar de la misma forma, ni pretender que se invierta en igualdad de condiciones.

La metodología de riesgos implica saber que se tiene que cumplir con cuatro objetivos: prevenir, proteger, transferir y asumir. En este proceso, y bajo la lógica de la responsabilidad diferenciada, a Centroamérica le compete prevenir que el poder corruptor de la narcoactividad impacte negativamente en la gobernabilidad democrática, preservando la institucionalidad del Estado; proteger a la población de la incidencia criminal y violenta del tráfico ilegal de drogas, a través de un enfoque de seguridad humana; transferir la responsabilidad de la disminución de la oferta y la demanda a los países productores y consumidores y asumir el desafío de defender el territorio por medio de operaciones de interdicción. Aquí aplica el criterio de compensación.

Ni legalización total ni prohibición absoluta, ha dicho el presidente. Más que ello, la convicción del deber moral de convocar a la búsqueda de nuevas rutas o mejores alternativas a un modelo añejo que urge reinvención. Sabe que la posición más sensata es aquella que presenta mayores desafíos, porque la Historia ha demostrado que a la ortodoxia dogmática solo se le vence con pragmatismo realista. Un largo y sinuoso camino que tarde o temprano se tendrá que recorrer.

 

MAURICIO LÓPEZ BONILLA, ministro del Interior de Guatemala.

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