México es un país notoriamente subdesarrollado, a pesar de ser la 12ª mayor economía del mundo. En estas circunstancias, la pregunta es cuál tendría que ser el objetivo primario de la política pública, particularmente en el corto plazo: abatir la incidencia de la pobreza o reducir la iniquidad. La otra forma de expresarlo es cuál debiera ser el énfasis de la política económica: promover el crecimiento económico o emprender acciones redistributivas del ingreso. Extendiendo un poco más la pregunta, podríamos plantearlos lo siguiente: ¿es mayor el nivel de desarrollo económico de un país si el ingreso de la mayor parte de los habitantes aumenta mientras que, simultáneamente, la distribución del ingreso sigue siendo igualmente inequitativa, o incluso más inequitativa? La respuesta a esta pregunta es crucial, ya que determinará el éxito o el fracaso de la política de desarrollo.
Empecemos con una política económica que ponga énfasis en la redistribución del ingreso. Para ello la política económica, particularmente la tributaria, tendría que diseñarse para quitar dinero a los individuos de ingresos medios y altos, principalmente a través del impuesto sobre la renta, por medio de tasas elevadas y con una estructura marginal creciente de estas tasas, para poder transferir riqueza a los de menores ingresos. Esto se suele hacer con programas de gasto gubernamental diseñados para lograr transferencias al poder adquisitivo de individuos de menores ingresos por medio de subsidios al precio de los bienes de una canasta de consumo básica y de subsidios a determinados grupos de productores, como los agricultores.
Algunos comentarios al respecto. Primero: una estructura del impuesto sobre la renta como la arriba descrita contiene un alto sesgo en contra del crecimiento económico, ya que desincentiva el trabajo, el ahorro y la inversión. Segundo: esta política tributaria termina minando la base de recaudación, ya que incentiva la evasión, generando crecientes presiones fiscales deficitarias, las cuales también inhiben el crecimiento. Tercero: una política de subsidios distorsiona los precios relativos y la asignación de recursos en la economía, lo cual implica generar un menor nivel de PIB real con los recursos disponibles. Cuarto: una parte de la recaudación se pierde en la administración burocrática de los programas de gasto gubernamental, lo que implica una destrucción neta de riqueza. Una política que enfatice la redistribución del ingreso, al desincentivar el crecimiento económico, termina, efectivamente, por hacer a casi todos más pobres, sin que se logre de paso una mejora en la distribución del ingreso, aunque el eslogan político sea: "Por el bien de todos, primero los pobres".
Por el contrario, podemos instrumentar una política que enfatice el combate contra la pobreza. Ésta se basa en que la economía tiene que crecer de manera sostenida, y para ello tienen que generarse los incentivos adecuados, lo cual incluye derechos de propiedad eficientemente definidos y protegidos, mercados de bienes y de factores de producción competitivos y no distorsionados, mercados internos de bienes y financieros integrados en los mercados internacionales; una política tributaria basada en impuestos al gasto y no al ingreso, finanzas públicas no deficitarias, estabilidad de precios y una política de transferencias directas al ingreso de los individuos o familias más pobres.
Una política económica con tales características genera un proceso sostenido de crecimiento económico, mayor empleo, salarios reales crecientes y un abatimiento también sostenido de la pobreza, que a su vez producirá una distribución más equitativa del ingreso, aunque no necesariamente a corto plazo. Se trata de una política donde casi todos ganan, y, por lo mismo, aquí es donde tendría que centrarse el énfasis de la política económica.
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