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EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

NYT: traiciones progresistas

La semana pasada Al Qaeda consiguió una victoria importante. No la consiguió en Irak ni en Afganistán. La consiguió en Estados Unidos, más concretamente en la calle 43 de Manhattan, es decir en la redacción del New York Times.

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El jueves, el periódico faro del progresismo desvelaba en exclusiva la existencia de un programa de supervisión y control policial y judicial de movimientos financieros que había requerido la colaboración con el Departamento del Tesoro del consorcio financiero belga SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), a través del cual se realizan las transferencias internacionales de dinero.
 
La Administración norteamericana llevaba semanas intentando convencer al New York Times de que no sacara a la luz el programa de control. Su legalidad está fuera de dudas. Se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de 1976 que niega el carácter estrictamente privado de transferencias como las que se realizan a través de SWIFT.
 
El Gobierno norteamericano ha aducido también que, además de otras operaciones no desveladas, el programa permitió la detención del terrorista indonesio Hambali, responsable de los ataques de Bali de octubre de 2002. También hizo posible la detención de un hombre que había contribuido con 200.000 dólares a la financiación de Al Qaeda desde Brooklyn. La policía británica también lo ha utilizado para aclarar los atentados del 7 de julio de 2005.
 
Da igual. Según el New York Times, es deber de la prensa denunciar cualquier programa que se preste, hipotéticamente, a cualquier posible abuso de poder, aunque no exista ninguna prueba de que éste se haya producido.
 
El propio New York Times revelaba que se había expulsado a uno de los agentes encargados de la investigación que no había seguido las estrictas directrices del programa. Pero, en la lógica perversa del New York Times, eso no demuestra la buena voluntad de los responsables, sino la posibilidad de que el programa descarrile hacia fines de control ajenos al terrorismo.
 
El New York Times argumenta, por otro lado, que el programa utilizaba bases masivas de datos, y que sólo este hecho es de por sí de interés público. Ya recurrió a este argumento para arruinar el programa de las escuchas telefónicas masivas. Pero, de por sí, el argumento es absurdo: sin la existencia de bases de datos masivas no habría base para un programa como el que acaba de ser conocido. Para eso, además, se toman precauciones.
 
Según ha explicado The Weekly Standard, el Gobierno no recibe un seguimiento en tiempo real de las investigaciones, y el programa requiere documentar cada investigación, además de registros electrónicos de cada control y –novedad importante– el visto bueno de un grupo de auditores externos.
 
El periódico también ha dicho que es una práctica nueva con respecto a la forma en que el Gobierno obtiene información financiera de la gente, a lo que el Weekly Standard ha respondido que desde el 11-S todo ha cambiado, en especial en la lucha antiterrorista.
 
George W. Bush.***
 
Es obvio que al New York Times le trae sin cuidado la seguridad y la libertad de los amenazados por los terroristas. Si en vez de Bush gobernara un presidente demócrata no habría sacado la información, y si algún progresista aún más fanático se hubiera atrevido a hacerlo lo habría defendido, en particular en el apartado de protocolos de protección contra cualquier posible abuso.
 
Puestas así las cosas, es necesario, por tanto, constatar dos cosas. Primero, que, en contra de lo que se está diciendo, la guerra contra el terrorismo está teniendo en cuenta también la garantía de los Derechos Humanos. Como era inevitable, los instrumentos en uso son cada vez más intervencionistas, pero también se está realizando un esfuerzo de sofisticación para evitar los abusos.
 
El New York Times aducirá que eso se debe a su esforzada labor de investigación y esclarecimiento. En tal caso, no tendrán inconveniente en que empiece a plantearse en serio la realidad: y es que se debería empezar a tipificar como delito –delito de colaboración con terroristas– actuaciones como las que acaba de protagonizar el propio periódico.
 
Si lo que los progresistas buscan es defender la libertad y la seguridad de la gente, no deberían tener inconveniente alguno en que, llegado el caso de dudas, un tribunal aclare hasta qué punto es susceptible de ser castigada por la ley una información como ésta, que daña –probablemente de forma irremediable– un programa que estaba resultando eficaz.
 
Claro que escribir esto en España, donde el Gobierno es el portavoz de los etarras y, al parecer, algunos policías al servicio del Gobierno socialista pasan información a la banda terrorista nacionalista, no deja de ser un rasgo de humor negro.

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