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Plan de Emergencia Social

En marzo asume el nuevo Gobierno en el Uruguay, y, acorde con los vientos que soplan en América Latina, orgullosamente proclama su incorporación al eje La Habana-Caracas-Buenos Aires-Brasilia. Emulando a las “misiones” chavistas y al “New Deal” kirchneriano, la nueva Administración anuncia que tan pronto asuma funciones pondrá en marcha, como uno de sus “pilares”, el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES). Esa denominación ya nos dice bastante acerca de la ideología que se oculta tras su puesta en funcionamiento.

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Mucho ingenio se gastó en el juego de palabras, para hacer de su sigla algo “significativo”. Tanto, como poca creatividad para encontrar soluciones realmente novedosas al problema de la indigencia. El gasto público social en Uruguay es uno de los más altos de Latinoamérica (25% del PIB en 2002). Los programas sociales están distribuidos caóticamente entre ministerios, intendencias y organismos autónomos.
 
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentación tiene 60 años de existencia y atiende a unos 300.000 beneficiarios. No obstante, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregado y analizado junto con las nuevas autoridades, las políticas sociales aplicadas en el país son “rígidas” y no se “adaptaron adecuadamente a las nuevas condiciones de empobrecimiento y exclusión, generando gastos ineficientes por un lado y demandas insatisfechas por otro”.
 
Asimismo, señala que la focalización de los proyectos no es el adecuado. Que hay despilfarro de recursos por falta de monitoreo y evaluaciones de impacto. Además, hay falta de coordinación e integración de los programas.
 
Muchos de esos planes han sido ejecutados con préstamos provenientes del Banco Mundial, y principalmente del propio BID. Según la futura responsable de “PANES”, los organismos internacionales de crédito, cuando financian proyectos de asistencia, prevén que el 17% del crédito se pierde por “irregularidades”, “corrupción” e “ineficiencia”.
 
Uruguay es un país con las siguientes características:
– La proporción de deuda pública sobre el PIB es de cerca del 90%.
– La tasa de inversión es bajísima, el 15% de su capacidad.
– El empleo público alcanza al 18% de la población económicamente activa.
– Desempleados, subempleados y trabajadores informales suman el 40% de la población activa.
– La carga impositiva es asfixiante. A modo de ejemplo, el IVA es del 23%.
 
Cartel electoral del Frente Amplio.En este contexto, el futuro mandatario, Tabaré Vázquez, anunció la creación de un nuevo ministerio, el de “Desarrollo Social”. La futura ministra, senadora comunista, será la encargada de “PANES”.
 
Está proyectado que el “Plan” se aplique desde 2005 hasta 2007. Los destinatarios serán “todos los habitantes” que “no puedan cubrir de manera satisfactoria la alimentación diaria”. Se estiman en unas 200.000 personas. Tendrá siete componentes: Plan Alimentario Nacional, Programa de Emergencia Sanitaria, Programa de Opción Productiva, Programa de Educación en Contextos Críticos, Programa de Empleo Transitorio, Programa de Asentamientos Precarios y Pensiones, Programa de Alojamiento a las Personas en Situación de Calle.
 
Probablemente, cada uno contará con “Dirección”, “Gerencia General”, equipos “multidisciplinarios”, chóferes, porteros, ascensoristas, autos oficiales, etcétera. Se pretende crear un “salario social o ciudadano”. En criollo, eso significa pagar a alguien por hacer una tarea innecesaria o simplemente por no trabajar.
 
Parecería que cien años de socialismo en Uruguay no han sido suficiente prueba de que estos “panes” sólo sirven para quitar incentivos a la gente para progresar y para que surja una nueva red clientelista. El trabajo genuino disminuye por el peso estatal y al escasear la inversión productiva. Mientras tanto, las burocracias engordan y los políticos solidifican lealtades y su poder personal.
 
Para unos agobiados contribuyentes, que lo que menos necesitan es que el Estado les arrebate aún más del producto de su esfuerzo individual, la peor noticia es enterarse de que el BID otorgará préstamos por 1.200 millones de dólares a lo largo del quinquenio, para financiar el próximo programa económico. Se destinarán 250 millones de dólares al “Plan de Emergencia”.
 
Si lo que honestamente se pretende es ayudar a los más necesitados, ¿por qué no permitir que se dediquen a ello emprendimientos privados y puedan deducirlo de sus impuestos?
 
 
© AIPE

Hana Fischer, analista uruguaya.

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