Por qué Estados Unidos retiró su apoyo a Zelaya

Yo participé en el evento, pero quería, por mi parte, satisfacer una curiosidad diferente. Luego la explico.

Al guatemalteco Julio Ligorría, experto en solucionar crisis, le pidieron un análisis de cómo y por qué la percepción internacional había sido tan negativa con el gobierno del presidente Roberto Micheletti, pese a que la salida de Manuel Zelaya había sido el resultado de la aplicación de la ley nacional, y qué podía hacerse para corregir el entuerto. Al peruano Álvaro Vargas Llosa, autor de un par de libros fundamentales sobre cómo abandonar el subdesarrollo, le solicitaron una visión de futuro para que Honduras deje de ser el tercer país más tercamente pobre de América Latina, en el que el 73% de la población sobrevive de forma precaria bajo los límites de la pobreza.

De mí esperaban una predicción sobre cuál sería la violenta respuesta del castrochavismo frente al legítimo gobierno que emerja de las urnas, a la que agregué una incómoda advertencia final: tal vez es la última oportunidad con que cuenta el país para salvar las libertades individuales y la estructura republicana. Si el pueblo hondureño no ve en la democracia y el pluralismo una solución a los intereses de la inmensa mayoría, es probable que en la próxima oportunidad que se presente se deje embaucar por los cantos de sirena de algún demagogo de la cuerda bolivariana encharcado en petrodólares venezolanos.

Pero, al margen de mi desagradable trabajo como Casandra, quería averiguar por qué Estados Unidos había dado un giro de 180 grados en la crisis hondureña: de pedir la restitución inmediata del ex presidente Zelaya, el 30 de octubre pasó a apoyar cualquier decisión que tomaran el Congreso y la Corte Suprema de Honduras, lo que inevitablemente significaba que el destituido mandatario no volvería a ocupar la casa de gobierno.

Cinco fueron las causas que explican este cambio radical:

1) El Departamento de Estado comprobó que el respaldo institucional hondureño a la destitución y arresto de Zelaya era prácticamente unánime y se mantenía firme, pese a las sanciones y las cancelaciones de visas. Los poderes legislativo y judicial, las Iglesias, el ejército y, según las encuestas, el 80% de la población preferían a Zelaya alejado del poder.

2) El informe del departamento jurídico de la Biblioteca del Congreso sobre la remoción de Zelaya, solicitado por un legislador, no dejaba lugar a dudas: aquél había sido separado del cargo y sustituido por Micheletti de acuerdo con la legislación hondureña. Expulsarlo del país seguramente fue ilegal (acaso debieron dejarlo encarcelado), pero exigir su restitución era tanto como pedir a los hondureños que violaran la ley.

3) Hábilmente, el nuevo gobierno de Honduras había trasladado el debate al seno de la sociedad norteamericana, por medio de congresistas y senadores republicanos, y la administración de Obama estaba pagando un precio político interno por sostener una postura antidemocrática contraria a los intereses y valores del pueblo estadounidense.

4) En el Departamento de Estado circulaban dos páginas compiladas por la inteligencia norteamericana en las que se consignaban los presuntos delitos y complicidades del entorno más íntimo de Zelaya con el narcotráfico y la corrupción. No tenía sentido colocarse en ese mismo bando, mientras Washington mantenía en el país la base militar de Palmerola, supuestamente dedicada a vigilar y combatir actividades afines a las que realizaban familiares y amigos de su contradictorio protegido.

5) Tampoco parecía sensato alentar la supervivencia artificial de un régimen que militaba abiertamente en el campo chavista, familia política aliada a Irán. Chávez, que hasta hace poco era clasificado como una pintoresca molestia, al asociarse a Teherán y prestarle apoyo para el desarrollo de armas nucleares ha pasado a ser un enemigo peligroso.