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Columna publicada el 03-01-2004
En menos de una semana, el PSOE ha anunciado que estaba dispuesto a crear Agencias Tributarias capaces de recaudar todos los tributos en todas las Comunidades Autónomas y que no pensaba hacerlo, por “problemas técnicos” en los que al parecer no había pensado al proponer la liquidación del Estado Español como marco del pago de impuestos. También ha dicho que estaba dispuesto a aceptar, junto a la ya anunciada del Estatuto de Cataluña, la reforma de todos los demás estatutos de Autonomía y luego ha dicho que sólo respaldará las reformas que estén dentro de la Constitución, lo cual contradice a su vez y radicalmente las afirmaciones de Maragall, que ha declarado que su reforma estatutaria exige la de la Constitución, ya que parte de la liquidación de la nación española como “única e indivisible”. Es decir, que tanto el marco legal en que se desarrolla la vida española como el sistema tributario en su legitimidad y ejercicio han sido declarados reformables e incluso liquidables para ser poco después defendidos en su integridad. Si esto son capaces de hacer —y deshacer— en siete días, ¿qué no harían —y desharían— en cuatro años de Gobierno?
Y si el PSOE, como es público y notorio, no tiene una idea clara de la nación, de las leyes que de ella emanan legítimamente a través de las instituciones representativas y de los impuestos que constituyen la médula económica que permite el diario funcionamiento del Estado, ¿cabe pensar que la tenga de la Educación, la Seguridad, la Sanidad o las Pensiones? En realidad, aunque la tuviera, daría igual. Un sistema de pensiones como el nuestro, basado en el reparto y no en la capitalización, dependiente por tanto cada año de los Presupuestos Generales del Estado, queda automáticamente disuelto cuando se prescinde de la unidad fiscal. Cada autonomía debería garantizar la totalidad de las pensiones de los que en ella viven —y no limitarse a los aguinaldos electorales— si las diecisiete Agencias Tributarias que prevé el modelo socialista llegan a implantarse. Claro que para ello habría que derogar el artículo 133 de la Constitución que, como recordaba Fernando Serra en un artículo reciente, dice con toda claridad: “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley”. Y como el PSOE ha dicho también al terminar la semana que sólo pondrá en marcha los cambios de los Estatutos que quepan dentro de la Constitución, a lo mejor resulta que después de anunciar que lo cambia todo resulta que no cambia nada. ¿Nada? ¿Todo? ¿Algo? ¿Qué? ¿Qué propone realmente Zapatero?
Por esta semana, no hay más propuestas y contrapropuestas. La que viene, traerá sin duda más motivos de sorpresa, temor, duda, tranquilidad relativa y desorientación absoluta. Sólo tiene una ventaja esta política del PSOE de ofrecernos un modelo de Estado cada semana, a veces dos, y es que para las elecciones generales ya sólo faltan tres meses, doce semanas, trece como máximo. Después... el diluvio.

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