¿Cuándo supo Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, que su secretario de Estado hasta hace un par de meses, Enrique Giménez-Reyna, había cobrado dinero de setenta sociedades, setenta, por asesoría fiscal y/o intelectual mientras desempeñaba el cargo de director general de Tributos? ¿Cuándo supo que su secretario de Estado había asesorado en esa época, con Aznar ya instalado en la Moncloa, a instituciones benéficas de la Policía y la Guardia Civil que luego, ascendidos Montoro a ministro y Giménez-Reyna a secretario de Estado, hicieron fortísimas y ruinosas inversiones en Gescartera?
¿Lo sabía cuando amenazaba al PSOE con revelaciones que demostrarían que miembros de ese partido habían invertido dinero negro en Gescartera?
¿Cuándo supo Montoro que su ex-secretario de Estado había ocultado en su preceptiva declaración de Hacienda y Patrimonio que tenía dos cuentas en Gescatera, una particular y otra familiar, que casualmente “recordó” después de presentar al dimisión? ¿Cuándo supo que entre las cuentas sobreseídas o archivadas por la Agencia Tributaria, supuestamente por “exceso de trabajo”, pero estando casualmente Giménez-Reyna al frente de la Agencia, había una de Camacho, otra del padre de Camacho, otra de Gescartera y otra de una sociedad de Gescartera? ¿Lo sabía cuando dijo que Giménez-Reyna había asumido “quizás excesivamente” sus responsabilidades políticas por el caso Gescartera dimitiendo como secretario de Estado? ¿Lo sabía cuando dijo o respaldó que ni la CNMV, ni el ministerio de Hacienda, ni la Agencia Tributaria había dado trato de favor a Gescartera?
¿Cuándo supo Angel Acebes, Ministro de Justicia, que Jesús Posada, ministro de Administraciones Públicas, había requerido autorización a los servicios jurídicos del Estado para entregar los datos de Renta y Patrimonio de Pilar Valiente y Giménez Reyna requeridos por la comisión parlamentaria sobre el caso Gescartera? ¿Cuándo supo que los trabajos de la Comisión terminaban sin que esos datos llegaran? ¿Cuándo supo que los servicios jurídicos habían dado la autorización para la entrega de esos datos sólo al día siguiente de terminar sus trabajos la Comisión, hurtándolos así al conocimiento de los parlamentarios? ¿Cuándo supo que Posadas dio orden de entregarlos a la presidencia de las Cortes? ¿Cuándo supo que se habían entregado? ¿Cuándo supo el contenido de esas declaraciones, que comprometían seriamente la credibilidad de los interesados y la posición del Gobierno en el caso Gescartera? ¿Al leer las filtraciones en “El Mundo” o mucho antes, desde que empezaron a elaborar su interminable informe los servicios jurídicos del ministerio de Administraciones Públicas, que están bajo la directa jurisdicción del ministro de Justicia?
¿Cuándo, en fin, supieron Montoro y Acebes lo que los parlamentarios no han podido saber para desarrollar su trabajo investigador en la Comisión de Gescartera? ¿Cuándo supieron lo que los ciudadanos hemos empezado a saber después de que el Gobierno anunciara el feliz desenlace del caso Gescartera?
Son preguntas muy sencillas. Otra cosa es contestarlas.
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