Empieza a estar claro que el "Caso BBV" contiene demasiados elementos explosivos en su interior como para poder manipularlo sin temor a las consecuencias. Gobierno y Oposición han adoptado, sin embargo, estrategias opuestas y probablemente contrarias a sus respectivos intereses. El PSOE pide una comisión de investigación y carga contra un peso ligero del Gobierno, Rodríguez Ponga, ex-asesor fiscal del BBV (y Repsol), que, por urbanidad y decoro, debería ya haber dimitido como secretario de Estado de Hacienda. Pero ninguno ha aprendido nada del caso Gescartera, por lo que vemos. El PP cree que negarse a todo supondrá acabar ganando en algo. Y el PSOE cree que disparar en todas las direcciones siempre acabará dando en algún blanco. Absurdo, pero así es.
Sucede que tenemos una información todavía muy fragmentaria del Caso BBV. Y que hay dos generaciones de banqueros, de políticos y de gobernadores del Banco de España que tienen que explicarse ante Garzón y ante el parlamento. La generación actual, Caruana y Francisco González, sólo deben explicar cuándo conocieron realmente la magnitud del delito y qué fueron haciendo en los meses que llevan del destape a la salida de Ibarra y compañía del Consejo del BBVA. Bastaría con una comparecencia parlamentaria a petición propia o con una subcomisión. Y con Ponga fuera, el PP quedaba libre de polvo y paja.
Entonces sería el momento de la comisión parlamentaria que averiguase todo el proceso de irregularidades que va de la autocartera del Vizcaya fletada por Toledo y Mariano Rubio a la compensación de las torres de KIO a cambio de las acciones del Central, amén de todas las expos, filesas y demás. O sea, la autopsia financiera del felipismo. ¿Por qué la teme el PP?
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