Durante el mandato del PSOE a través de los diversos gobiernos presididos por Felipe González, en España se ha producido un auténtico cambio de régimen político. Sin romper con la forma de Estado, sin cambiar apenas la Constitución, conservando en apariencia las instituciones consagradas por la Ley y la costumbre, nuestro país ha sufrido cambios tan sustanciales con respecto a lo previsto y pactado por las fuerzas políticas que hicieron la Transición que, en rigor, los efectos de la letra han desaparecido con el espíritu. Puede discutirse si España sigue siendo una democracia o si se ha convertido en una dictadura silenciosa, en un régimen autoritario matizado por la corrupción. En cualquier caso, de la criatura alumbrada con tanto esfuerzo y no poca fortuna tras la muerte de Franco, apenas queda el recuerdo.
Cabe la regeneración, sin duda; cabe desear que la sociedad española, si es capaz de encontrar algunos dirigentes con el patriotismo y la visión histórica que demostraron los enterradores del régimen franquista, pueda volver a poner en pie el edificio constitucional y la costumbre de la libertad. Pero, naturalmente, para emprender la regeneración hay que reconocer que se ha degenerado, para restaurar las libertades hay que admitir que se han perdido y para poner en funcionamiento las instituciones hay que saber que instituciones no funcionan y por qué.
En los últimos tiempos, desde el propio Partido Socialista se alzan voces propugnando la regeneración de la vida pública. Extraña propuesta en quienes nunca han advertido de su deterioro. Como han sido los medios de comunicación críticos con el poder y, a ratos, la oposición de izquierda o de derecha los que han denunciado el pésimo funcionamiento del sistema, cabe temer que el Partido Socialista se adjudique también a dedo la contrata de limpieza de lo que el propio Partido Socialista ha ensuciado.
Cuando un partido ha conducido a un país a una situación políticamente insostenible, la higiene democrática recomienda su inmediata sustitución en las tareas de Gobierno. En el caso del PSOE, es tan grave el daño, tan extensa la autoría y tan difícil la reparación, que sólo un desalojo masivo de los cargos puede permitir alguna esperanza de que desaparezcan los malos hábitos. No es seguro que el partido o partidos que los sustituyan puedan cambiar las cosas para mejor, pero es indudable que si no lo intentan todo seguirá empeorando.
Cada país tiene lo que se merece, dicen los menos piadosos. En el caso de España, este axioma podría ser cierto, porque lo que el PSOE ha hecho, no lo ha hecho solo. En su decenio de poder omnímodo le han sobrado ayudantes, meritorios, secretarios, abogados, párrocos, verdugos y enterradores. En el entierro de la libertad el cortejo ha sido imponente, la representación social, de lo más brillante, el acompañamiento popular, numerosísimo.
Por eso, si la responsabilidad del partido de Felipe González es la más grave, desde luego no es la única. Puede incluso discutirse hasta qué punto el felipismo es producto de la voracidad política de los de arriba más que de la codicia de los de abajo. Sería cómodo imputar al laborista sevillano casi todos los males de la patria; sería además estupendo, porque con echarlo de La Moncloa nuestros males terminarían. Pero no es políticamente cierto ni intelectualmente justo. Un régimen cambia de naturaleza como fruto de muchos esfuerzos y de pocas resistencias, pero cuando realmente ha cambiado, no basta renovar la cúpula sino todo el edificio.
Nota: Este texto es un pasaje editado de "El felipismo. Cómo echar a perder una democracia", segunda parte de La dictadura silenciosa, de Federico Jiménez Losantos, publicado en 1993 en la editorial Temas de Hoy.