En la Justicia española habrá un antes y un después del Caso del Narco Volador. La tenacidad del fiscal Luzón y su convicción de que tras el anónimo recibido en el Supremo había información de primera mano y realmente fiable ha dado sus primeros frutos. Además de algunos millones sospechosos y de unas economías tan notables como insólitas, la policía encontró a última hora del jueves ocho millones de pesetas en dólares (es la cifra que se baraja oficiosamente, puede variar en las próximas horas si se detectan nuevas sumas) en una casa del "psiquatra de Valdemoro". El imputado, que deberá declarar hoy viernes ante el juez, no ha podido explicar lo que, por otra parte, está bastante claro: de dónde viene ese dinero contante, sonante y en divisas.
Pero en el anónimo recibido en el Supremo se decía que no sólo el psiquiatra sino un funcionario de la Audiencia y, lo más importante, el mismísimo juez Cezón habían recibido enormes sumas por la puesta en libertad de "El Negro". Dos millones de dólares según esa denuncia habría recibido el Presidente de la tristemente célebre Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
Nadie es culpable mientras no se demuestra lo contrario. Pero en este caso lo que empieza demostrarse es que, por lo menos, nadie o casi nadie es inocente. Ni el psiquiatra, ni los jueces ni, cabe temer, los colegas de los apartados de su puesto como magistrados, que se apresuraron a solidarizarse con ellos y hasta a abrir suscripciones públicas de ayuda económica. Innecesarias.
Es el fin de la inocencia. Por lo menos de la fingida inocencia judicial en España, donde ningún juez, ningún fiscal, ningún funcionario, nadie, jamás, nunca podía ser sospechoso de corromperse a cuenta del narcotráfico, al menos de creer las aparatosas proclamas de las asociaciones judiciales, que en este caso se han cubierto de gloria. O simplemente se han cubierto unos a otros. Porque las sospechas de la opinión pública no sólo se dirigen ahora hacia los jueces del caso sino hacia un corporativismo tan rápido en protegerse como lento en depurarse de conductas no sólo reprobables sino terroríficamente delictivas. Cuando los que delinquen no son los narcotraficantes sino los que deben juzgarlos algo más que un delito se está cometiendo. Algo que los jueces españoles van a tener que explicar.
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