Por más vueltas que se le den, por muchos circunloquios en que se enrede el Gobierno, por torpes que sean las explicaciones de la estrecha colaboradora del ministro Alonso que es la directora general de Asuntos Penitenciarios, Mercedes Gallizo, la realidad es que el PSE ha propuesto en la cámara vasca que los etarras recuperen los privilegios de que disfrutaban en la UPV, paralelos a la persecución sistemática y criminal de los profesores y alumnos que se niegan a aceptar la dictadura nacionalista en las aulas. El PSE de López, que cada vez se parece más al partido de Madrazo y menos al de Redondo Terreros, lo propuso en la Atutxa-Etxea y desde los batasunos a los ibarreches, todos los nacionalistas lo votaron, frente a la única y honrosa excepción del Partido Popular. Ese es el hecho y no admite disimulos. Lo que hacen falta son explicaciones.
Si no se tratara de mejorar el estatus de los etarras, no habría hecho falta llevarlo al Parlamento Vasco. Y si se ha llevado es para escenificar con toda crudeza que el PSE ha cambiado de aliados: ya no está con el PP en el Pacto Antiterrorista sino con los partidos del Pacto de Estella. ¿Buscando qué? La ruptura con el PP y su reintegración en el gobierno vasco. Hablar del mantenimiento del Pacto Antiterrorista cuando se devuelve a los terroristas su condición de intocables y a los profesores no nacionalistas su condición de apestados es una tomadura de pelo. Y esta es mucho más grave que las volteretas en materia de impuestos o tarifas energéticas. Es evidente que el precio del pacto del PSE con el PNV pasa por el acatamiento del papel indiscutible de ETA dentro del proyecto separatista más conocido como Plan Ibarreche. Y si Zapatero lo ha matado, lo decente por parte de Rajoy es darle cristiana sepultura. Este miércoles, por ejemplo.