Crece el escándalo jurídico en torno a la sentencia de la Audiencia Nacional que, en funciones de Parlamento improvisado y Gobierno fingido, pretende obligar al Gobierno a pagar varios años de congelación salarial a los funcionarios. Ahora parece que hay una demanda similar a la de CCOO, pero que UGT presentó en el Supremo y éste desestimó. Así que el conflicto de jurisdicciones que pretendía negar la Audiencia resulta que estaba servido en el Supremo. A poco que enreden los moscosos y bacigalupos, la cosa acabará en el Constitucional, o sea, que va para años.
El PSOE y el polanquismo, valga la redundancia, han llegado sin embargo a la conclusión de que, convenientemente hinchado y desvirtuado el sentido del disparate judicial, se abre un frente de desgaste del Gobierno prácticamente ilimitado. Como no pueden defender una sentencia indefendible, los diputados sociatas, traicionando el juramento que los convierte en representantes de la soberanía nacional, se han lanzado a predicar nada menos que el respeto a las sentencias judiciales y al Estado de Derecho. ¡Ellos, que han injuriado sistemáticamente a todos los jueces que no han conseguido estabular! Pero la demagogia más rastrera se ha convertido en doctrina editorial del periódico que imparte a diario lecciones de solvencia intelectual. Está claro que con tal de llevarle la contraria a Aznar, "El País" es capaz de negar la Ley de la Gravedad y no digamos ya la Constitución, que es un trapo o una bandera según convenga en cada momento a sus intereses.
Pero esto no es nada al lado del frenesí que reina en el mundo sindical. No representan a nadie, viven del dinero público, obligan mediante chantaje a mantener comisarios políticos "liberados" en todo el sector público y, pese a todo, están eternamente en quiebra. Pero hete aquí que la Sala de lo Contencioso les brinda un "pelotazo" que ni las quinielas, el Cupón y la Bono-Loto juntos. A cambio del favor de la Audiencia, CCOO y UGT pretenden inundar con demandas individuales los juzgados, admitiendo en el fondo que la sentencia está fundada en un disparate. Pero, ojo, la operación no es gratis. Nunca sale gratis en la actividad sindical. En CC OO de la Enseñanza, fuente de este lío, han tasado ya en 5.000 pesetas al empezar y 30.000 al concluir lo que cada funcionario reclamante deberá abonar a sus servicios jurídicos, que, naturalmente, pretenden canalizar todas las demandas. Si hay dos millones largos de funcionarios a repartir entre las centrales, Méndez y Fidalgo se embolsarían, para empezar, cinco mil millones de pesetas, treinta y cinco mil al terminar, cada uno.
Un "pelotazo" de setenta mil millones bien vale la demagogia y hasta la violencia. Porque si normalmente no triunfan más huelgas que las forzadas por los piquetes sindicales, calcúlese el entusiasmo de quienes pueden ganar "El Gordo" sin comprar billetes, sólo asaltando la Administración de Lotería. Más de un millón por cabeza se suben el sueldo los jueces de la sentencia; miles de millones puede llevarse el sindicato demandante. Eso sí, todo en nombre de los funcionarios, "siempre mal pagados". Porque de los camareros, peor pagados que los funcionarios y que habrán de aportar, junto a "la sufrida clase media", el dinero para el desquite izquierdoso y el "pelotazo" sindical, nadie dice nada. Como no tienen conciencia de clase, no se afilian a los sindicatos y, los pocos que lo hacen, no pagan las cuotas, que se joroben. Para compensar o completar tamaño expolio, lo mismo Méndez desempolva las famosas viviendas de la PSV y ofrece a los trabajadores otra oportunidad de redención. A plazos o al contado.
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